Bruselas ha puesto a Gran Canaria en el eje de cálculo en el documento remitido este verano a los turoperadores europeos y al que ha tenido acceso Maspalomas24H. El informe oficial de evaluación de impacto publicado por la Comisión Europea el 17 de julio de 2026 aborda de manera directa la integración del sector aéreo y marítimo en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS), detallando las consecuencias económicas y operativas para las regiones ultraperiféricas, islas y territorios remotos de la Unión. El documento, vinculado a los expedientes legislativos, analiza las distintas opciones normativas orientadas a impulsar la competitividad y la descarbonización rentable del transporte, evaluando con rigor financiero cómo afectarán estas medidas a las rutas y a los costes de desplazamiento desde y hacia enclaves estratégicos como Gran Canaria de cara a la próxima década.
El análisis técnico corrobora que, bajo las diferentes opciones de política evaluadas, la inclusión de los vuelos domésticos dentro del sistema europeo de tarificación de emisiones a partir de 2031 no generará impactos socioeconómicos adversos ni pérdidas de conectividad para Gran Canaria en comparación con el escenario base. La Comisión Europea proyecta que la demanda de pasajeros mantendrá una tendencia al alza y que las tarifas medias se mantendrán estables o registrarán variaciones marginales a la baja, apoyadas por los incentivos al despliegue de combustibles sostenibles de aviación (SAF) como el proyectado por Repsol en Tenerife.
En el desglose sectorial del estudio de aviación se constata que las políticas de apoyo prolongado al uso de carburantes ecológicos bajo los escenarios más ambiciosos permitirán optimizar los costes operativos, traduciéndose en reducciones estimadas de hasta el 1,6% en el precio de los billetes para determinadas categorías de vuelo de bajo coste en trayectos clave como el corredor entre Madrid y Gran Canaria. Esta evolución disipa los riesgos de un encarecimiento desproporcionado para los inversores, residentes y operadores turísticos de alto poder adquisitivo que operan en el mercado insular.
Asimismo, el informe de la Comisión evalúa los costes laborales y la creación de empleo derivada de la transición energética en el sector de refino y producción de combustibles verdes. Tomando como referencia los datos industriales de plantas operativas y proyectos autorizados en Europa —como los desarrollos en Francia con una ratio de 1,8 empleos por cada 100 toneladas de SAF anuales, o las iniciativas en el Reino Unido y Alemania con 1,7 y 0,2 puestos de trabajo respectivamente por cada 100 toneladas producidas—, el marco normativo busca asegurar una transición industrial rentable y competitiva sin erosionar los márgenes financieros de las compañías de transporte.
En el ámbito marítimo, el documento comunitario examina el impacto de extender el EU ETS a embarcaciones más pequeñas, un factor crítico para las economías insulares y las zonas ultraperiféricas. Alrededor del 58% de los ferris que recalan en los puertos europeos tienen un tonelaje bruto comprendido entre las 400 y las 5.000 toneladas, lo que expone a una gran parte de los servicios de transporte marítimo regular a incrementos en los costes operativos derivados de la tarificación de emisiones. No obstante, el informe subraya que las obligaciones de servicio público y las correspondientes exenciones para las regiones ultraperiféricas y las pequeñas islas ayudan a mitigar dichos riesgos, evitando subidas directas en los precios de los billetes aunque exigiendo una mayor dotación de presupuestos públicos para garantizar la estabilidad de las líneas.
Finalmente, el documento comunitario evalúa la prevención de fugas de carbono a través de modelos de equilibrio general como el GEM-E3, proyectando que las variaciones en el empleo industrial oscilarán entre el -0,56% y el 1,76% según la opción normativa adoptada. La compensación continuada de los costes indirectos de carbono y el impulso a la economía circular —que ya representa entre el 1% y el 2% del producto interior bruto europeo y el 2,2% del empleo total, con potencial para crear hasta 2.500.000 puestos de trabajo adicionales hacia 2030— refuerzan la viabilidad de la transición verde. De este modo, la arquitectura regulatoria europea protege la cohesión territorial de Gran Canaria, asegurando que la conectividad esencial permanezca blindada frente a los cambios normativos comunitarios.
