El regulador del suelo, Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, llega tarde al periodo de alegaciones. Es lo que hay en el nuevo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), de agosto de 2026 al que ha tenido acceso Maspalomas24H. El texto avanza hacia una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) ordinaria, tras la anulación judicial de su predecesor de 2015 y la entrada en vigor de la nueva normativa. El expediente 29/2025, impulsado por el Gobierno de Canarias y redactado por la empresa pública Gesplan, desata una fuerte contestación por parte de administraciones y ecologistas, que señalan graves riesgos y contradicciones.
Los lobbys tinerfeños de Loro Parque en Las Palmas tienen su efecto en el sur de Gran Canaria: La FEHT no ha presentado alegaciones a un documento en el que los funcionarios no se quieren mojar, solamente la clase política, tras los acontecimientos de la DANA de Valencia. Van a construir una mole sobre un barranco y lo que se decida en Las Palmas tiene impacto sobre el sur de Gran Canaria en una zona que ya ha tenido antecedentes de inundaciones. El apartheid de Loro Parque con el sur de Gran Canaria data de 2012, ni lo han presentado a la sociedad civil dado que creen que en Maspalomas manda Las Palmas.
La iniciativa busca desarrollar un equipamiento estructurante turístico, con oferta alojativa asociada, en una parcela de 172.865 metros cuadrados entre la GC-1 y la GC-500. El suelo está clasificado actualmente como Urbanizable No Programado, con usos permitidos de parque temático y recreativo, y usos compatibles sociales y comerciales, excluyendo edificaciones lucrativas no relacionadas. El régimen jurídico de los Planes de Modernización (PMMIC) permite incorporar determinaciones no contempladas o alterar las existentes.
El análisis de los informes sectoriales revela un escenario complejo y de alto riesgo. La Consejería de Obras Públicas (PSOE) del Cabildo advierte que la línea límite de edificación del suelo urbanizable debe redefinirse, respetando las franjas de protección de la GC-1, con una distancia mínima de 35 metros del borde exterior de la calzada. Esta zona debe destinarse a espacio libre, zona verde o reserva vial, prohibiendo cualquier construcción.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana señala que el PGOU de 1996 no prevé determinaciones de carácter estructural como edificabilidad, usos, aprovechamiento o altura máxima. Además, exige tener en cuenta la línea de expropiación de la GC-1 y la GC-500, no la de Dominio Público, así como el Dominio Público Hidráulico del Barranco de El Cañizo-Veril, incluyendo la concesión administrativa para ocupar 121.000 metros cuadrados y la autorización de canalización otorgada a Loro Parque S.A.
En materia de biodiversidad, el DIE reconoce sectores de cardonales mejor conservados y la presencia de aproximadamente 70 ejemplares de Euphorbia canariensis, una especie protegida, algunos de gran tamaño. La Dirección General del Medio Natural subraya la contradicción en el propio Documento Ambiental, que por un lado califica el estado de conservación del Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 5330 como "Desfavorable Malo" y sin funcionalidad ecológica, pero por otro concluye que la "presencia de especies típicas del hábitat es favorable". Ante esta ambigüedad, y considerando la pérdida histórica del 2,71% de este hábitat en el municipio entre 1996 y 2016, propone la designación de área de interés florístico.
El Cabildo de Gran Canaria identifica el morrete fonolítico donde se proyecta el hotel como un elemento de alta incidencia paisajística. Aunque sin protección insular, insta a extremar las medidas para minimizar el impacto visual, sugiriendo un desarrollo escalonado y mimetizado con el territorio, integrando las especies protegidas existentes. El mayor riesgo, sin embargo, es el de inundación. El ámbito está afectado por la ARPSI Barranco de Buenavista y confluye con los barrancos del Cañizo, las Fuentes y el Canario.
El PMMIC asume que, tras las obras de encauzamiento de 2017 (realizadas sin evaluación ambiental), no se produce infiltración y las aguas circulan por la canalización, lo que aumenta la velocidad de flujo hasta su desembocadura en la Playa de las Burras. La propuesta de Documento de Alcance reconoce que es necesario un estudio que garantice la seguridad frente a inundaciones con un periodo de retorno de 500 años, incluyendo los efectos del cambio climático.
Se deberá valorar si es preciso redimensionar el encauzamiento u adoptar otras medidas para mitigar el riesgo.Ante este panorama, las alegaciones presentadas por entidades como Ben Magec-Ecologistas en Acción, Turcón, AmAGA y Asociación Sociocultural Tirahanac denuncian vicios sustanciales en el procedimiento. Solicitan la devolución del expediente por riesgo para la seguridad de los futuros usuarios, el incumplimiento de objetivos de protección ambiental y la falta de una justificación rigurosa del riesgo de inundación y la protección del dominio público hidráulico.
Los colectivos critican que el plan oculta la implantación de un parque acuático privado, señalando una predeterminación del resultado y cuestionando la idoneidad del instrumento urbanístico y la imparcialidad del órgano ambiental. Loro Parque S.A., por su parte, defiende la conformidad jurídica del proyecto Siam Park y su compatibilidad con el planeamiento.
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental desestima la solicitud de devolución íntegra del procedimiento, argumentando que las cuestiones urbanísticas y patrimoniales exceden de su competencia y deberán ser resueltas por los órganos sectoriales correspondientes. No obstante, incorpora la alternativa 0 y exige que el EAE analice detalladamente los riesgos de inundación, el impacto sobre las especies protegidas, la integración paisajística y la disponibilidad de recursos hídricos, debiendo justificarse el suministro mediante agua desalada y garantizarse la depuración de aguas residuales. El promotor deberá presentar un cronograma estimativo de la tramitación en el plazo de tres meses.
