El sector turístico y hotelero de Maspalomas, motor económico del archipiélago, enfrenta una batalla crucial por su modelo de negocio y su reputación. El histórico conflicto entre la actividad turística y el uso residencial de unidades alojativas en zonas turísticas ha alcanzado un punto de inflexión, marcado por la inminente modificación de un decreto ley por parte del Gobierno de Canarias y una creciente alarma sobre el impacto de la contaminación acústica en la experiencia del visitante. ¿Qué pasa cuando el que ha comprado casa junto a un hotel sabiendo que es zona turística se queja del ruido en los complejos?
El Gobierno de Canarias, en un movimiento estratégico para atajar la alta litigiosidad, planea modificar la unidad de explotación de las zonas turísticas. Un borrador del decreto ley permitiría a los residentes habituales que puedan acreditar su residencia en estas unidades antes del 1 de enero de 2017 consolidar su uso. Esta medida busca aportar una supuesta "paz social", respondiendo a demandas de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt), y fuentes cercanas indican que dejará "pocas excusas" para la Palt y la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), poniendo fin al cruce de demandas y sanciones.
En un segundo nivel, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de Alejandro Marichal, concejal de Turismo, propone argumentar que antes de 1996 no existía un uso definido, permitiendo a los ocupantes elegirlo. Esta postura, basada en un informe del catedrático José Francisco Villar Rojas, añade leña al fuego al cuestionar la zonificación histórica.
Mientras se busca resolver el laberinto administrativo de la residencialización, otro problema amenaza la competitividad del sector: el ruido. Yomara García Viera, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, subraya que los hoteles están entre los principales afectados por la contaminación acústica en zonas turísticas. "Cuando se resuelve, el turista ya se ha ido y va a dejar constancia en las redes sociales y en internet de que ha dormido mal y de que hay actividades molestas", explica.
El problema es estructural. El parque hotelero, en su mayoría anterior al Código Técnico de la Edificación (CTE) de 2013, no cumple con las mínimas garantías de aislamiento acústico. Una circunstancia agravada por el hecho de que el CTE establece requerimientos insuficientes, situando a España a la cola de Europa en confort acústico, un dato alarmante dado que el país es el segundo más ruidoso del mundo según la OMS.
García Viera es contundente: los titulares de los hoteles están legitimados para reclamar. "Las actividades de ocio nocturno en las proximidades de los hoteles pueden generar muchos problemas de ruido y contaminación acústica", señala. Además, destaca los efectos indirectos: tráfico inducido, comportamiento incívico, consumo de alcohol y drogas, peleas y el evidente deterioro del entorno. Por tanto, los hoteles tienen la condición de "interesados" para exigir el cese de la actividad contaminadora y la acción inspectora municipal, ya que las quejas de los turistas conllevan una "pérdida patrimonial y de imagen de la actividad hotelera".
En el caso de botellones próximos, la responsabilidad es compartida entre los causantes y el ayuntamiento por no controlar e inspeccionar. La administración es, según la jurista, "lenta e ineficaz", y la falta de sonómetros por parte de la policía agrava el problema, ya que a menudo solo se hacen actas de percepción subjetiva.
Respecto a la "teoría de la preexistencia" (comprar un piso en zona de copas sabiendo que está ahí), García Viera aclara que el hecho de que la actividad esté antes no la legitima para realizar todo el ruido que quiera. Se pueden exigir medidas correctoras para que el derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio no sea vulnerado. Ya existen sentencias que dictan que el confort acústico urbano es posible, por lo que se trata de un problema de salud pública y los ayuntamientos deben aplicar la norma.
La solución pasa por la educación, el civismo y una mejor planificación urbanística, reconociendo que hay usos incompatibles con las zonas residenciales. Además, denuncia que las sanciones, cuando se imponen, a menudo compensan a las actividades contaminadoras, cuyos beneficios superan el coste de la multa. Por ello, aboga por medidas cautelares urgentes como la paralización de la música o el cese de actividad.
Fenómenos como los party boats o las personas que llevan amplificadores a la playa también generan conflictos. García Viera recuerda que si la emisión llega a un domicilio, la administración debe actuar, como ocurrió en Ibiza por protección de aves. En la playa, el objetivo habitual es relajarse, por lo que llevar amplificadores es compartir ruido, no música. "Es una cuestión de educación, básicamente", concluye.
En este escenario complejo, el sector hotelero de Gran Canaria se debate entre la necesidad de una regulación clara que proteja la unidad de explotación turística y la urgencia de combatir la contaminación acústica que erosiona su principal activo: la satisfacción y el descanso del cliente. La excelencia turística proclamada en informes recientes se enfrenta a la realidad de un entorno ruidoso y un modelo de convivencia en crisis.
