Habría que ver cuánto le llega al sur de Gran Canaria del AIEM. Si a Las Palmas son millones de euros, al sur de Gran Canaria deben ingresar 200 euros. Y es que la renovación de la planta alojativa en el sur de Gran Canaria enfrenta un desafío estructural que va más allá de la financiación y la planificación urbanística: el costo de los materiales. Un análisis de los datos del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) revela una intrincada red de gravámenes que encarece de forma significativa la modernización de la infraestructura turística en el archipiélago.
Lejos de ser neutro, el impuesto aplica cargas diferenciales que impactan directamente en la cuenta de resultados de cualquier proyecto de reforma integral en zonas maduras como Maspalomas, Playa del Inglés o Mogán. Por ejemplo, los tubos rígidos de polímeros de etileno tributan al 15% si son para construcción general, pero al 5% si están destinados a la agricultura con gotero insertado. Esta disparidad sugiere una priorización de sectores económicos que penaliza indirectamente al turismo en su carrera por la modernización.
Esta realidad fiscal afecta no solo a las grandes cadenas hoteleras, sino también a pequeños propietarios locales que intentan actualizar sus activos. Un ejemplo paradigmático es el de un funcionario de Las Palmas de Gran Canaria que, tras años de ahorro, decide reformar un apartamento en propiedad en la zona turística de Maspalomas para destinarlo al alquiler vacacional o a su propio disfrute en el futuro. Al iniciar la obra, se encuentra con que el presupuesto inicial se dispara debido al AIEM, un sobrecoste que no había contemplado en su totalidad.
El sector de la construcción, esencial para la reconversión de hoteles y apartamentos, soporta una presión fiscal considerable. Los materiales básicos necesarios para levantar o rehabilitar un establecimiento turístico están sujetos a tipos impositivos que oscilan entre el 5% y el 15%. Por ejemplo, los gravámenes para puertas y ventanas de plástico conllevan un tipo del 5%.
Este mismo gravamen aplica a elementos metálicos estructurales. Sin embargo, el tributo aumenta para productos terminados como muebles y equipamiento. Las estanterías metálicas tributan al 15%, mientras que los somieres y colchones tienen un tipo del 5%. Estas diferencias generan un efecto acumulativo que incrementa el presupuesto final de las obras de reforma, dificultando la viabilidad económica de muchas operaciones de reconversión de categoría.
En el caso del funcionario de Las Palmas, el AIEM encarece tanto la estructura de hormigón como el mobiliario interior de la habitación, pasando por las instalaciones eléctricas y de fontanería. Por ejemplo, la adquisición de azulejos, inodoros o mamparas de ducha importados conlleva un gravamen que se traslada directamente al consumidor final.
Lo mismo ocurre con la compra de electrodomésticos como una nevera o una lavadora, o elementos decorativos. Este sobrecoste, que puede suponer un incremento de varios miles de euros en una reforma media, reduce drásticamente el margen de beneficio o la capacidad de inversión del propietario, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas iniciativas de mejora de la calidad del alojamiento turístico.
La paradoja del AIEM radica en su doble objetivo: proteger la industria local y gravar el consumo final para financiar las arcas públicas. Sin embargo, en un mercado insular con una capacidad de producción local limitada para ciertos bienes, el impuesto actúa como un coste adicional inevitable para el inversor. El sector turístico, principal motor económico de la isla, se convierte así en el principal pagador de un impuesto que grava sus propios insumos de renovación.
Esta situación es particularmente crítica para las empresas del sur de Gran Canaria que buscan elevar la calidad de sus instalaciones para competir con otros destinos internacionales, pues el AIEM encarece tanto la estructura de hormigón como el mobiliario interior de la habitación, pasando por las instalaciones eléctricas y de fontanería.
Además, la política de exenciones y tipos reducidos crea distorsiones adicionales. Mientras que algunos productos necesarios para la agricultura cuentan con tipos reducidos (5%), los materiales de construcción esenciales para el sector turístico mantienen gravámenes elevados. En un contexto donde la renovación de la planta alojativa es un imperativo estratégico para mantener la competitividad del destino Gran Canaria, la estructura del AIEM se erige como una barrera fiscal significativa que encarece y complica la necesaria reconversión del sur de la isla, afectando a todos los actores implicados, desde grandes grupos inversores hasta pequeños propietarios como el funcionario de Las Palmas.
