La demarcación hidrográfica de Gran Canaria ha logrado salir completamente indemne del severo varapalo judicial dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Reino de España. En la resolución del asunto C-331/24, el alto tribunal comunitario ha fallado de forma contundente al declarar que España ha vulnerado el Derecho de la Unión por los graves retrasos en la tramitación de las herramientas de planificación ambiental. Sin embargo, mientras otras zonas del archipiélago han sucumbido al castigo de las instituciones comunitarias, Gran Canaria ha conseguido eludir la condena gracias a la rápida aceleración y aprobación de su marco regulatorio durante la fase final del litigio.
El origen de este contencioso internacional se sitúa en la supervisión sistemática de las obligaciones marcadas por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y la Directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva 2007/60/CE). Ambas normativas imponen a los Estados miembros la exigencia legal de revisar y actualizar sus planes cada seis años para garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua y la prevención de catástrofes meteorológicas. En el ciclo regulatorio objeto del pleito, las administraciones locales y autonómicas tenían la obligación ineludible de haber culminado la tramitación, publicación y remisión formal de sus instrumentos a la Comisión Europea a más tardar el 22 de marzo de 2022.
En los inicios del expediente sancionador en 2023, la cuenca de Gran Canaria (registrada técnicamente dentro del expediente europeo como la demarcación hidrográfica ES120) figuraba señalada por Bruselas debido a retrasos acumulados en el procedimiento insular. No obstante, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria reaccionó de forma coordinada en el tramo final del procedimiento administrativo. Tras la recepción del dictamen motivado remitido por los servicios jurídicos comunitarios en septiembre de 2023, las autoridades insulares aceleraron la aprobación definitiva, publicación oficial e intercambio de documentación antes de la formalización del recurso contencioso. Esta maniobra técnica permitió a la Comisión retirar formalmente a Gran Canaria del objeto final de la demanda enviada al órgano judicial europeo.
Por el contrario, el escenario resultante deja a buena parte del archipiélago en una situación extremadamente delicada y expuesta a graves consecuencias institucionales. La sentencia de Luxemburgo dictamina de forma categórica que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben "al no haber revisado ni actualizado, en los plazos establecidos, los planes hidrológicos de cuenca en lo que respecta a las demarcaciones hidrográficas ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote y ES125 La Palma y no haber enviado a la Comisión, dentro del plazo estipulado, ejemplares de tales planes". La justicia comunitaria rechaza de plano las justificaciones esgrimidas por la representación legal española sobre la complejidad burocrática y las dificultades sobrevenidas en el ámbito insular, subrayando el carácter vinculante e improrrogable de los plazos fijados por las directivas del agua.
El pronunciamiento del tribunal europeo no se limita únicamente a la planificación del recurso hídrico, sino que extiende su hachazo a la seguridad territorial ante emergencias. En su segundo pronunciamiento de fallo, el alto tribunal declara de igual modo la infracción legal "al no haber revisado ni, en su caso, actualizado, en los plazos establecidos, los planes de gestión del riesgo de inundación en lo que respecta a las demarcaciones hidrográficas ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote y ES125 La Palma y no haber puesto a disposición de la Comisión, dentro del plazo estipulado, tales planes". Esta doble condena deja a estas islas atadas a un incumplimiento legal formal que debilita su posición administrativa frente a los órganos fiscalizadores de la Unión.
La contundencia con la que Luxemburgo ha sentenciado el expediente pone de relieve el éxito de la estrategia preventiva seguida en Gran Canaria. Al haber regularizado el Plan Hidrológico de Cuenca y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación dentro del marco temporal exigido, la isla evita la apertura de posibles expedientes sancionadores de carácter económico con multas coercitivas por parte de las instituciones europeas.
Además, la plena homologación legal de sus mapas de peligrosidad y directrices de conservación blindan la seguridad jurídica de las infraestructuras hidráulicas en ejecución, la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la captación de subvenciones de fondos comunitarios destinados a la transición ecológica y la adaptación al cambio climático. Gran Canaria consolida así su soberanía hídrica con los deberes al día, contrastando con la parálisis y la vulnerabilidad jurídica en la que permanecen sumidos los territorios insulares condenados por el Tribunal de Justicia europeo.
