La movilidad de los turistas durante su estancia en el sur de Gran Canaria se apoya fundamentalmente en una tríada de opciones: el transporte público, el taxi y el vehículo de alquiler. Así lo revelan los datos correspondientes a la pasada primavera de 2026, que coinciden en el tiempo con un debate crucial sobre la regulación del transporte en la isla: la batalla legal entre el Cabildo y las empresas de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) como Uber o Cabify.
Durante el segundo trimestre de 2026, el medio de transporte más utilizado por el conjunto de turistas fue el "Transporte público urbano (guagua, tranvía), excepto taxi", elegido por el 27,60% de los visitantes. Le siguen muy de cerca el "Taxi o similar" (27,39%) y el "Vehículo de alquiler" (25,56%). Si desglosamos los datos por nacionalidad, emergen patrones distintos como que los turistas Alemanes son los principales usuarios del transporte público (30,30%) y también destacan por recorrer la isla "Caminando" (11,48%).
Los turistas británicos muestran una fuerte predilección por el "Taxi o similar" (39,80%), siendo el colectivo que más usa esta opción. En contraste, son los que menos alquilan vehículos (12,57%). Para el turista español, el "Vehículo de alquiler" es la opción dominante, con un 40,85%, muy por encima de la media. El transporte público queda en segundo lugar (25,30%).
Mientras los turistas se mueven por la isla utilizando estas opciones, el sector del transporte vive una gran incertidumbre jurídica que cuestiona la actual oferta en zonas como Maspalomas. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso del Cabildo de Gran Canaria contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba a conceder diez nuevas licencias VTC. El meollo del conflicto radica en la aplicación de la proporción 1/30 (una VTC por cada 30 taxis), establecida en la Ley Canaria 13/2007 para limitar la entrada de operadores como Uber o Cabify. El Cabildo denegó las licencias basándose en esta ley, protegiendo al sector del taxi, pero los tribunales, en primera instancia y en el TSJC, fallaron a favor de las empresas solicitantes en 2024 y 2025.
El Cabildo argumenta que la insularidad de Canarias justifica restricciones más severas que en la Península y que la normativa autonómica debe prevalecer. El Supremo deberá decidir si la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2023 avaló el límite 1/30 a nivel nacional, es aplicable directamente en Canarias o si las particularidades insulares requieren un análisis específico.
Este caso es observado con lupa, ya que en Gran Canaria hay más de 4.000 peticiones de VTC pendientes de operar, frenadas por la fuerte regulación actual. El fallo sentará un precedente crucial sobre la capacidad de Canarias para legislar con autonomía en materia de transporte y el futuro modelo de movilidad en el archipiélago, en un momento en que el sector VTC reclama mayor apertura para operar en zonas turísticas como Maspalomas, frente a la defensa de la sostenibilidad del servicio por parte del taxi.
