Se cumplen dos décadas de uno de los episodios más controvertidos de la política territorial en Canarias. A finales de la primera década de los 2000, el PSOE, que ostentaba el poder en la Dirección General de Costas, protagonizó una apuesta arriesgada y muy criticada: extraer arena del lecho marino de Pasito Blanco para regenerar 18 playas del sur de Gran Canaria. Una decisión que levantó ampollas entre los ecologistas y puso en jaque la sostenibilidad del ecosistema dunar de Maspalomas. ¿Tuvo efectos electorales locales? AV-PP arrasó en las elecciones de 2011: pasó de ocho concejales en 2007 a 14. Nueva Canarias mantuvo su poder pero fue imposible retener la alcaldía.
El proyecto, valorado en 5,6 millones de metros cúbicos de arena, se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, la administración socialista, bajo la batuta de José Fernández, defendía la necesidad de regenerar las playas para potenciar el turismo, uno de los motores económicos de la isla. Por otro lado, los ecologistas de Ben Magec Ecologistas en Acción, liderados por Antonio Hernández, denunciaban que el proyecto carecía de estudios medioambientales rigurosos y que ponía en peligro la integridad de las Dunas de Maspalomas, un espacio natural protegido.
Las acusaciones de los ecologistas fueron contundentes. Hernández llegó a afirmar que la decisión del PSOE "obedece a intereses empresariales de determinadas empresas afines al PSOE". Una acusación grave que, si bien nunca se probó, evidenciaba la profunda desconfianza que existía entre la sociedad civil y la clase política en aquel entonces. Los ecologistas también lamentaron que no se hubieran tenido en cuenta los trabajos de investigación que aún se realizaban sobre los fondos marinos de la zona, liderados por la doctora en Geografía Enma Pérez Chacón.
El Gobierno canario, entonces presidido por Paulino Rivero (Coalición Canaria) y que gobernaba con el PP y después con el PSOE, se posicionó en contra de la extracción de arena. La Viceconsejería de Ordenación Territorial emitió un informe desfavorable al proyecto, argumentando que el banco de arena elegido se encontraba dentro de los límites de un espacio de la Red Natura 2000, el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Franja Marina de Mogán. Este LIC era hábitat de dos especies prioritarias, el delfín mular y la tortuga boba.
El estudio de impacto ambiental que acompañaba al proyecto, por su parte, minimizaba los riesgos. Afirmaba que la zona del banco de arena era una zona de transición ecológica con baja diversidad de comunidades bentónicas y que la arena provenía de Maspalomas, por lo que no afectaría a la estabilidad de la playa. Sin embargo, los expertos no se ponían de acuerdo. Luis Hernández Calvento, doctor en Geografía, no pudo precisar si la extracción aceleraría la desaparición de las dunas, aunque recordó los trabajos de otros expertos que relacionaban directamente esta cuestión. Ignacio Alonso, profesor titular de Ciencias del Mar, opinó que el banco de Pasito Blanco era tan grande que la extracción apenas afectaría su ecosistema.
Dos décadas después, el episodio de Pasito Blanco sigue siendo un recordatorio de la complejidad de la gestión territorial en Canarias. Un territorio donde el desarrollo turístico y la conservación del medio ambiente a menudo entran en conflicto. La historia de la arena de Pasito Blanco es una lección sobre la importancia de la transparencia, el rigor científico y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a nuestro patrimonio natural.
