Se ponen a aceptar dinero de Bruselas y después no saben cómo decirle a la gente que la van a incordiar incluso pagando 60.000 euros en consultoría a alguien de la época del PSOE y NC que no se ha presentado. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acumula retrasos administrativos y bloqueos judiciales en la implantación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a pesar de haber recibido financiación pública y de contar con los proyectos técnicos sobre la mesa, según revela el informe de fiscalización del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El organismo fiscalizador sitúa al consistorio tirajanero entre los 7 ayuntamientos principales del archipiélago —junto a Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife y Granadilla de Abona— que incumplen los plazos de puesta en marcha debido fundamentalmente a la insuficiencia de recursos humanos.
A pesar de que el municipio figura en el grupo de 6 entidades locales que lograron captar fondos y subvenciones para este fin —con un importe global para el conjunto de las corporaciones analizadas que asciende a 3,5 millones de euros—, la ZBE sigue sin estar operativa en el municipio turístico. Entre las partidas específicas ejecutadas figura un contrato de asistencia técnica por valor de 60.241 euros adjudicado bajo el expediente 19/2023 para el diseño y planificación del área de bajas emisiones, un proyecto que incluyó un análisis previo basado en indicadores territoriales, socioeconómicos, ambientales y de movilidad.
No obstante, el informe detalla que la zona restringida continúa paralizada al encontrarse pendiente de licitación el proyecto definitivo de implantación, presupuestado en 260.325 euros. Esta demora administrativa se ve agravada por la inseguridad jurídica derivada de la ordenanza reguladora, la cual ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. Asimismo, la Audiencia de Cuentas constata deficiencias en la planificación social del proyecto municipal, al señalar que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana omitió la realización de estudios previos para evaluar el impacto de la ZBE sobre los grupos sociales de mayor vulnerabilidad económica.
