El ministerio fiscal ha formulado un escrito de acusación que sitúa bajo el foco penal la gestión económica desarrollada en el Centro Comercial San Fernando, ubicado en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana. Las diligencias previas, instruidas en el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad, apuntan a un presunto desvío sistemático de fondos comunitarios perpetrado mediante la emisión masiva de facturas falsas o por servicios que jamás llegaron a prestarse a la mercantil colectiva durante el periodo comprendido entre 2012 y septiembre de 2014.
La acusación pública se dirige directamente contra J.F.A.Q. y E.C.R., quienes ocuparon los cargos de presidente y secretario, respectivamente, de la Comunidad de Propietarios del complejo comercial del sur de Gran Canaria. Según el relato fiscal, ambos procesados actuaron de común acuerdo y con un claro ánimo de lucro desde el año 2012 hasta el 30 de septiembre de 2014, fecha en la que fueron destituidos de sus responsabilidades tras la celebración de una junta extraordinaria convocada por el quórum de vecinos exigido por la Ley de Propiedad Horizontal. Tras aquella asamblea, los comuneros eligieron a A.G.H. como nuevo presidente y a Y.G.V. como secretaria, dando inicio a las comprobaciones contables que destaparon el agujero económico.
El mecanismo defraudatorio consistía en simular el pago de obras, mantenimientos o servicios profesionales a terceras personas con cargo a las cuentas de la comunidad, inflando artificialmente los costes o emitiendo minutas sin soporte real. El desglose aportado en la causa detalla decenas de facturas cargadas a nombre de numerosos particulares y proveedores instrumentales, entre los que figuran nombres asociados a las iniciales M.d.C.R., A.J.Q.R., F.M., J.C.G.R., A.S.M., J.R.P., P.A.L.S., I.A.M.d.P., M.R.S., S.R.R.O. y Y.R.S.. Muchas de estas minutas repetían importes idénticos y fraccionados, como los recurrentes cargos de 360, 400, 660 o los bloques de 1.631,36 euros, esquilmando de forma continuada el presupuesto ordinario y extraordinario del centro comercial.
Para la representación de la vindicta pública, la actuación de los dos exmandatarios encaja de manera directa en los tipos penales de gravedad patrimonial. Los hechos han sido calificados provisionalmente como un delito continuado de apropiación indebida, tipificado en el artículo 253.1, en relación con el artículo 250.1, apartados 5º y 7º, y el artículo 74 del Código Penal, al concurrir especial gravedad y perjudicar a una pluralidad de afectados. Los acusados son considerados penalmente responsables en concepto de autores materiales, sin que se aprecien circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el momento de los hechos.
Ante la magnitud del perjuicio económico ocasionado en el entorno comercial del sur insular, la Fiscalía solicita que se imponga a cada uno de los acusados la pena principal de cuatro años de prisión, acompañada de la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo que se prolongue la condena. Asimismo, se reclama una pena pecuniaria consistente en diez meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, sujeta a responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En el plano de la responsabilidad civil, la acusación exige que ambos procesados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial San Fernando en la cantidad exacta de 173.260,57 euros, incrementada con los intereses legales correspondientes, mientras el actual presidente, A.G.H., mantiene reservadas cuantas acciones civiles y penales se deriven de este perjuicio patrimonial.
