El ministerio fiscal ha solicitado la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial contra un recluso acusado de un delito contra la salud pública, tras ser interceptado el 15 de marzo de 2024 en el interior del recinto penitenciario ubicado en el sur de Gran Canaria. Los hechos se produjeron sobre las 12:50 horas, inmediatamente después de que el procesado mantuviera un encuentro íntimo de carácter privado con su pareja en las instalaciones del Centro Penitenciario Las Palmas II, situado en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde el implicado cumplía condena por causas anteriores.
Durante el registro posterior practicado por los funcionarios del establecimiento carcelario, los agentes localizaron ocultas en el cuerpo del interno dos bolas que contenían sustancias estupefacientes destinadas presuntamente a la distribución en el circuito interno de la prisión. La intervención comprendió 1,85 gramos de cocaína con una riqueza del 83,89%, 22,9 gramos de heroína con una pureza del 4,6% que equivalen a unas 229 dosis individuales, y 36,7 gramos de hachís. El valor total en el mercado ilícito de las sustancias requisadas asciende a 1.676,24 euros, según la valoración pericial incorporada en el sumario judicial.
La acusación pública sostiene que el recluso portaba los estupefacientes con el claro propósito de obtener un beneficio económico ilícito mediante la comercialización de la droga entre la población reclusa, atentando contra la salud individual y colectiva de terceros. Estos hechos han sido calificados provisionalmente como constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tipificado en el artículo 368 del Código Penal, en relación con el artículo 374 del mismo texto legal, imputándose al procesado en concepto de autor material.
El escrito de acusación detalla que el procesado cuenta con antecedentes penales derivados de una sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas en la causa 233/2019, firme desde enero de 2020 por un delito de robo con fuerza por el que fue condenado a tres años y un día de prisión. Al no apreciarse circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en los hechos juzgados, la Fiscalía reclama la imposición de una pena principal de cuatro años y seis meses de privación de libertad.
Junto a la pena de cárcel, el ministerio fiscal solicita el cese temporal de los derechos políticos del acusado mediante la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. Asimismo, se demanda el pago de una multa de 5.028 euros, con una responsabilidad penal subsidiaria de treinta días de privación de libertad en caso de impago, y la imposición de las costas procesales. La resolución judicial definitiva contemplará el comiso de la droga aprehendida para su posterior destrucción y conservación de muestras reglamentarias.
