La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias y CaixaBank han articulado un marco de colaboración financiera que impacta directamente en la gestión económica de las 16 infraestructuras educativas públicas integradas en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Este tejido formativo del sur de Gran Canaria, estructurado operativamente en torno a diez Centros de Educación Infantil y Primaria —como el CEIP Alcalde Marcial Franco, Aldea Blanca, Cercados de Espino, El Matorral, Juan Grande, Las Dunas, Oasis de Maspalomas, Pepe Monagas, San Fernando de Maspalomas, Santa Águeda y El Tablero—, dos Centros de Educación Obligatoria correspondientes al CEO Pancho Guerra y el CEO Tunte, y cuatro Institutos de Educación Secundaria que comprenden el IES Amurga, el IES Faro de Maspalomas, el IES Tablero I (Aguañac) y el IES Tamara, canaliza sus recursos de funcionamiento y servicios de comedor a través de las cuentas corrientes digitalizadas y sujetas al nuevo convenio.
Este acuerdo establece de forma minuciosa el régimen de funcionamiento de las cuentas corrientes que emplean los centros docentes públicos no universitarios de toda la comunidad autónoma. Para la comarca del sur de Gran Canaria, y de manera muy particular para los colegios e institutos públicos asentados en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el documento representa el marco normativo y operativo que regirá toda la gestión económica de los centros durante los próximos dos años.
El convenio, firmado a finales de agosto de 2026, entró en vigor con efectos retroactivos desde el pasado 1 de septiembre de este mismo año y mantendrá su vigencia hasta el 31 de agosto de 2028. No obstante, las partes firmantes han contemplado la posibilidad de prorrogar sus efectos antes de su vencimiento mediante acuerdo unánime por un plazo máximo de dos años adicionales. En el aspecto estrictamente financiero, el texto corrobora que la suscripción de este marco de colaboración no comporta aportaciones dinerarias extraordinarias ni subvenciones cruzadas entre el Ejecutivo autonómico y la entidad de crédito, limitándose a fijar las contraprestaciones económicas derivadas de la prestación efectiva de los servicios bancarios en las sucursales y plataformas digitales.
El convenio estipula que el tipo de interés aplicable a los saldos depositados en estas cuentas es del cero por ciento, prohibiendo expresamente a la entidad financiera la aplicación de tipos de interés con valores negativos, al tiempo que blinda los fondos públicos depositados otorgándoles el carácter de inembargables y excluyéndolos de cualquier fórmula potestativa de compensación bancaria.
En el plano operativo cotidiano, el acuerdo determina que cada centro docente público no universitario podrá disponer de un máximo de dos cuentas corrientes diferenciadas, ambas de estricta titularidad pública. La primera de ellas se destina a cubrir los gastos de funcionamiento ordinario del colegio o instituto, centralizando las asignaciones presupuestarias procedentes de la consejería competente en materia educativa, las subvenciones para ayudas al alumnado, los ingresos derivados de legados o donaciones, las aportaciones de entidades públicas o privadas y los fondos obtenidos por la venta de pequeños productos derivados de la actividad lectiva. La segunda cuenta se reserva de forma exclusiva para la gestión económica del servicio de comedor escolar, agrupando las subvenciones autonómicas específicas, las cuotas del alumnado comensal y las aportaciones del profesorado o personal autorizado.
Para el manejo diario de estos recursos, CaixaBank pone a disposición de las comunidades educativas del sur grancanario la plataforma digital CaixaBankNow, una herramienta de banca electrónica que permite consultar saldos y movimientos, obtener justificantes, emitir transferencias y gestionar remesas bajo la normativa SEPA. El sistema exige credenciales individualizadas para cada usuario autorizado por los equipos directivos, garantizando una rigurosa segregación de funciones y la trazabilidad de cada operación. Además, la plataforma se integra técnicamente con los sistemas de la administración mediante protocolos estándar como la Norma 43 para la comunicación diaria de movimientos al Tesoro autonómico a través del canal EDITRAN.
El régimen de ingresos de efectivo y cobros también introduce restricciones severas para ordenar el flujo de caja en los centros del sur insular. Se permite la recepción de transferencias, la emisión de recibos domiciliados y el depósito de cheques o efectivo a través de los cajeros automáticos habilitados. Sin embargo, los ingresos de efectivo por ventanilla en la red de oficinas quedan estrictamente limitados a un máximo de una operación semanal realizada exclusivamente por el personal autorizado del propio centro educativo. De este modo, los padres, tutores o ciudadanos ajenos al equipo directivo no pueden emplear la ventanilla física, debiendo canalizar obligatoriamente sus pagos a través de cajeros o pasarelas digitales. Para resolver cualquier incidencia técnica o administrativa, los centros cuentan con el soporte especializado del equipo SOBI y con la interlocución institucional directa designada para coordinar la operativa en la provincia de Las Palmas.
