El Pleno del Ayuntamiento de Mogán se ha consolidado como un activo motor de contratación pública en el sur de Gran Canaria, acumulando un total de 19 contratos licitados que suman 62,9 millones de euros en los últimos años. El municipio opera como una junta militar donde el mapa de proveedores e intermediarios del consistorio expone una clara asimetría entre grandes corporaciones y operadores locales de menor escala. Pero una cosa son los contratos y otra lo que pueda ingresar la administración con licencias.
Por un lado, gigantes del sector como la empresa francesa IMESAPI S.A. (la sociedad gala de Vivendi en la que trabajaba el ahora presidente del PP grancanario, Carlos Sánchez, concentran 2 adjudicaciones por un importe de 2,22 millones de euros, y FCC Medio Ambiente capta 2 adjudicaciones que totalizan 275.135,87 euros, ambas con una baja media del 0,0%. Por otro lado, la contratación atomizada se reparte entre proveedores individuales como María Belén Suárez Prieto (2 adjudicaciones por 732,5 euros), Juan Joel Díaz Romero (2 adjudicaciones por 11.129 euros) y María José Martínez Pereira (1 adjudicación por 1.595 euros), todas igualmente sin descuentos sobre el presupuesto base. Finalmente, la gestión contractual de la entidad se completa con su citación en un total de 3 resoluciones emitidas por los tribunales de contratación.
La evolución temporal de esta actividad refleja un pulso inversor heterogéneo: el ejercicio 2020 arrancó con 3 licitaciones, 12 adjudicaciones y 3,91 millones de euros adjudicados; en 2021 no se abrieron nuevas licitaciones, pero se cerraron 4 adjudicaciones por valor de 1,29 millones de euros; 2022 registró 3 licitaciones, 2 adjudicaciones y 2,55 millones de euros; 2023 avanzó con 3 licitaciones, 3 adjudicaciones y 208.697,7 euros; 2024 contabilizó 4 licitaciones, 2 adjudicaciones y 2,85 millones de euros; 2025 escaló hasta las 3 licitaciones, 7 adjudicaciones y 12,27 millones de euros; y el tramo más reciente de 2026 acumula 3 licitaciones, 3 adjudicaciones y 1,16 millones de euros adjudicados.
Desde una perspectiva sectorial, el pastel de la contratación municipal está liderado de forma absoluta por la construcción, que abarca el 33,3% de las categorías adjudicadas (7 contratos en total). Le siguen de cerca la reparación y mantenimiento y la hostelería y restauración, ambas con un 19,0% (4 contratos cada una); mientras que la arquitectura e ingeniería, la cultura y deporte, y los equipos eléctricos y de iluminación cierran el abanico con un 9,5% respectivamente (2 contratos por segmento).
Entre los expedientes más destacados figuran la construcción y gestión de viviendas asequibles incentivadas en Puerto Rico (dividida en dos lotes bajo régimen patrimonial abierto), sucesivos concursos para el servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de dependencias, locales, equipos y alumbrado público municipal valorados en 6,19 millones y 5,96 millones de euros, la concesión administrativa de la cantina del local municipal por 126.000 euros, y la constitución de derechos de superficie sobre bienes inmuebles.
