El Estado contra los sandinistas. Ganan los primeros. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido este lunes un nuevo respaldo judicial que blinda la ejecución de la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria en Gran Canaria. La Sección Segunda de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo ha dictado la desestimación íntegra del recurso interpuesto por el colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, el cual pretendía tumbar tanto la autorización administrativa como la declaración de utilidad pública otorgada a esta infraestructura energética clave para la isla.
El núcleo de la batalla legal planteada por los ecologistas se centraba en la contestación a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y condicionada que se emitió el 30 de julio de 2021. Sin embargo, el tribunal argumenta en su resolución que este documento constituye un "acto esencial pero de trámite", lo que imposibilita su fiscalización mediante un recurso autónomo; sus determinaciones debían ser impugnadas conjuntamente con la autorización administrativa principal.
Más allá de la forma jurídica, el argumento de peso que inclinó la balanza de la Sala fue la carencia de una prueba técnica suficiente por parte de los demandantes. A pesar de que el colectivo aportó un dosier compuesto por 51 documentos entre mapas, actas, estadísticas e informes, el tribunal echó en falta un dictamen pericial técnico que refutara con rigor científico y precisión las conclusiones del expediente ambiental.
La sentencia matiza que no es equiparable la ausencia absoluta de una evaluación ambiental con la mera discrepancia sobre la intensidad o suficiencia de los impactos analizados. Cuestionar el calado técnico de una evaluación ya ejecutada, según el criterio de la Sala, exige un contraste pericial sumamente sólido que en esta causa no se acreditó.
El fallo judicial recuerda que el proceso de tramitación ambiental previo examinó de manera exhaustiva un amplísimo abanico de afecciones sobre el territorio insular: desde los hábitats naturales, la fauna, la vegetación y la Red Natura 2000, hasta el medio marino, el subsuelo, la atmósfera, la geodiversidad, el paisaje y el patrimonio cultural.
Asimismo, la resolución insiste en el carácter dinámico de la DIA, la cual quedó sujeta de manera estricta al cumplimiento de un total de catorce condicionantes. Para velar por su estricto cumplimiento, el proyecto contempla la operatividad de una comisión técnica de seguimiento integrada de forma conjunta por la administración autonómica, el Cabildo de Gran Canaria y la entidad promotora, Red Eléctrica de España.
La sentencia, que incluye además la condena en costas procesales para la organización demandante, supone un nuevo alivio administrativo para la continuidad de los trabajos de esta gran obra de almacenamiento energético, un hito llamado a transformar el modelo de penetración de renovables en el archipiélago.
