El sur de Gran Canaria vive atrapado en una paradoja económica severa. Mientras los complejos turísticos de Maspalomas y Playa del Inglés cuelgan el cartel de lleno técnico y atraen ingentes flujos de capital extranjero, el mercado residencial local experimenta una tensión sin precedentes. Los datos del informe Vivienda en Costa elaborado por Tinsa by Accumin confirman que el archipiélago canario lidera la subida de precios en el litoral español, con un incremento interanual nominal del 14,1% en el primer tramo del año y un valor mediano que roza los 2.790 euros por metro cuadrado. En el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana, esta realidad se traduce en un mercado donde la vivienda habitual compite abiertamente, y de forma desigual, con la rentabilidad desatada del alquiler vacacional y la segunda residencia.
El atractivo internacional de las dunas y el clima de Maspalomas mantiene la maquinaria compradora a pleno rendimiento. Los compradores extranjeros representan cerca del 32% de las operaciones de compraventa inmobiliaria en las islas, un porcentaje muy superior a la media nacional que consolida a la zona como un refugio seguro para inversores europeos, principalmente alemanes, británicos y de países nórdicos.
Este apetito inversor sostiene los precios en cotas elevadas, pero fragmenta el tejido socioeconómico del municipio. El metro cuadrado en las zonas de costa orientadas al turismo supera holgadamente los baremos de cualquier otra región peninsular fuera de los epicentros de Baleares y la Costa del Sol. La obra nueva, aunque ha intentado reaccionar con un incremento general de visados en el archipiélago, tropieza frontalmente en el sur grancanario con un obstáculo físico ineludible: la drástica escasez de suelo finalista disponible para nuevos desarrollos urbanísticos.
La cara más dramática de este dinamismo recae sobre los residentes locales. La tasa de esfuerzo financiero media en las islas se sitúa en un crítico 59% de la renta disponible del hogar, duplicando con creces los baremos recomendados por los organismos financieros internacionales. En enclaves tensionados como el entorno de Maspalomas y Mogán, este porcentaje se dispara aún más, obligando a destinar más de dos tercios de los ingresos mensuales al pago de una hipoteca o un alquiler.
La progresiva convergencia entre el mercado de primera y segunda residencia ha provocado que la oferta de larga temporada se reduzca drásticamente. Propietarios y pequeños inversores priorizan la rentabilidad del alojamiento turístico o temporal, dejando a los trabajadores del sector servicios —la columna vertebral económica de la zona turística— sin opciones reales de emancipación o compra en su propio municipio. Esta situación alimenta un flujo constante de residentes que se ven forzados a trasladarse hacia el interior de la isla o hacia la capital insular, asumiendo largas rutas de desplazamiento diario.
Ante este escenario de asfixia habitacional, las administraciones públicas han comenzado a desplegar un corsé normativo más rígido. Las recientes restricciones autonómicas orientadas a frenar la proliferación descontrolada de viviendas vacacionales buscan reequilibrar el parque inmobiliario y recuperar producto para el mercado residencial.
Sin embargo, los expertos advierten que la efectividad de estas medidas en Maspalomas dependerá de su agilidad de aplicación y de la capacidad real para incentivar la construcción de vivienda protegida (VPO), cuya presencia ha sido prácticamente residual durante la última década. El reto en el sur de Gran Canaria para los próximos trimestres pasa por conciliar la gallina de los huevos de oro del turismo internacional con la supervivencia demográfica y social de quienes sostienen el destino día a día.
