El sector del alojamiento vacacional en el sur de Gran Canaria afronta un escenario de intensa regulación administrativa con el horizonte puesto en los comicios autonómicos y locales previstos para el año 2027. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha salido al paso de las informaciones difundidas en relación con el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), precisando que dicho organismo no cuestiona ni se opone a la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
El departamento autonómico subraya que el marco regulador establecido por la nueva normativa se encuentra plenamente amparado por la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Esta cobertura jurídica se extiende de manera íntegra a los mecanismos de declaración responsable y a los plazos estipulados para el desarrollo legal de la actividad en los principales enclaves turísticos del archipiélago.
Uno de los aspectos fundamentales que marca la gestión del sector en el sur grancanario es la vigencia de los plazos transitorios. Aquellas viviendas vacacionales que ya venían operando en la zona y cuyos supuestos se ajustan a las previsiones de la normativa vigente disponen de plazo hasta el 31 de julio de 2027 para formalizar la presentación de la comunicación previa de actividad clasificada exigida por la ley.
Esta fecha límite sitúa los trámites administrativos en un momento político y económico crítico, posterior a la cita con las urnas de 2027, exigiendo a los propietarios e intermediarios turísticos una adaptación rigurosa a las exigencias autonómicas para evitar la pérdida de habilitación en municipios de alta presión turística como San Bartolomé de Tirajana o Mogán.
Ante las dudas generadas en el mercado inmobiliario y turístico por la interpretación del informe de la competencia, la Consejería mantiene su compromiso de canalizar información actualizada sobre la correcta aplicación de la norma. El departamento insiste en la necesidad de cumplir con los procedimientos y los plazos previstos para garantizar la seguridad jurídica del sector en un momento donde la convivencia entre el alquiler vacacional y la planta alojativa tradicional constituye un eje estratégico para la economía insular.
