El tejido empresarial del sur de Gran Canaria ha articulado un frente común a través de las principales patronales del archipiélago —con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT Las Palmas) a la cabeza, junto a Ashotel, Asofuer y Asolan— para frenar cualquier reforma legislativa que abra la puerta a la conversión generalizada de complejos de apartamentos turísticos en viviendas residenciales.
El debate, que impacta directamente en los enclaves neurálgicos de Maspalomas y Playa del Inglés, advierte de que la pérdida de plazas alojativas en los principales corredores turísticos del municipio de San Bartolomé de Tirajana comprometería de forma severa la viabilidad del principal motor económico de la comarca.
Para dimensionar los riesgos de la transformación residencial, las asociaciones empresariales se remiten a los datos académicos elaborados por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presentados en las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas. Los informes técnicos cuantifican que la sustitución del uso turístico por el residencial en el conjunto del archipiélago acarrea una merma en la facturación de 3.586 millones de euros anuales, a lo que se suma un agujero recaudatorio fiscal de 943 millones de euros y una destrucción potencial sobre 88.000 puestos de trabajo vinculados a la cadena de valor del sector.
En un municipio como San Bartolomé de Tirajana, cuya economía depende de la preservación de su planta alojativa madura, los empresarios sostienen que la fragmentación del suelo turístico por la llegada de residentes permanentes debilita la capacidad de competir frente a los destinos internacionales emergentes. El argumento central se sostiene sobre la imposibilidad de gestionar de manera homogénea las zonas comunes, acometer reformas integrales de modernización o mantener los estándares de calidad en complejos donde coexisten intereses residenciales y turísticos contrapuestos.
El sector hotelero y extrahotelero distingue con claridad entre la protección de los derechos adquiridos y la apertura de una vía libre hacia la pérdida irreversible de plazas de alojamiento. Las patronales respaldan la hoja de ruta de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias orientada a ordenar el sector y resolver los expedientes sancionadores de propietarios que arrastran situaciones irregulares históricas, recordando que el marco normativo actual ya contempla mecanismos de salvaguarda para aquellos inmuebles con uso residencial acreditado antes del 1 de enero de 2017.
La directriz del empresariado del sur grancanario establece una línea roja innegociable: proteger las situaciones consolidadas del pasado sin hipotecar el futuro comercial de Maspalomas mediante una liberalización residencial que reduzca la oferta de camas y debilite la competitividad del modelo turístico insular.
