El partido judicial de San Bartolomé de Tirajana afronta un punto de inflexión en su capacidad operativa con la consolidación de un ambicioso refuerzo estructural que moviliza a once nuevos funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y abre plazas específicas en la Fiscalía de la sección territorial. Esta inyección de efectivos, diseñada para absorber la intensa litigiosidad derivada de la presión demográfica y turística de la comarca meridional de Gran Canaria, dota a los órganos judiciales de los recursos humanos indispensables para descongestionar la tramitación procesal.
El núcleo del refuerzo administrativo se concentra en el Servicio Común General de San Bartolomé de Tirajana, donde se han incorporado once plazas de funcionarios de Auxilio Judicial correspondientes a los últimos procesos selectivos de acceso libre. Entre los destinos asignados destaca de manera relevante la cobertura de un puesto específico adscrito a la jurisdicción de Violencia Sobre la Mujer (VSM), un área de extrema sensibilidad que requiere una respuesta ágil y especializada en la salvaguarda de las víctimas.
Estos agentes asumirán funciones críticas en la práctica de comunicaciones, el control de registros y el apoyo directo a los juzgados de guardia e instrucción, reduciendo los tiempos de tramitación en un partido judicial que registra volúmenes de asuntos muy elevados por la confluencia de macrocomplejos turísticos, población flotante y criminalidad asociada al ocio nocturno y la contratación mercantil.
En paralelo a la llegada de personal funcionario, la reorganización de los recursos humanos alcanza a la Carrera Fiscal con la convocatoria de plazas vacantes para la sección territorial de San Bartolomé de Tirajana. El plan de provisión de destinos contempla la incorporación de un fiscal y un abogado fiscal, asegurando la presencia permanente de representantes del Ministerio Público en las vistas, juicios rápidos e instrucción de diligencias en los juzgados del sur grancanario.
Esta cobertura conjunta de plazas fiscales y de auxilio judicial responde a la necesidad histórica de equiparar los medios de la administración de justicia en las zonas turísticas del archipiélago con los estándares de litigiosidad real. La dotación de estos efectivos busca erradicar los cuellos de botella procesales, garantizando la seguridad jurídica en un territorio clave para la economía de Gran Canaria y mejorando la tutela efectiva de los derechos de ciudadanos y empresas.
