La gratuidad en el transporte insular arroja sombras profundas en el tejido productivo del sur de Gran Canaria, contrastando de manera radical con la euforia institucional que se vive en Las Palmas. Mientras el concejal de Movilidad de Las Palmas, José Eduardo Ramírez, que es de Prica pero cobra la nómina como electo de Nueva Canarias --hasta su salida del partido este dirigente de más de 50 años era el jefe de las juventudes de NC--, presume de un modelo de éxito avalado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) —donde el uso del vehículo privado ha descendido del 70% al 40% y la guagua ya capta el 23,7% de los desplazamientos cotidianos—, la comarca turística del sur sufre un colapso operativo que penaliza directamente a los trabajadores del sector alojativo y de la restauración.
La bonificación universal de las líneas de guagua, concebida para aliviar economías domésticas e incentivar la movilidad limpia, se ha transformado en un factor distorsionador de primer orden en las rutas que conectan la capital con los grandes enclaves turísticos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Colectivos de jubilados y personas desempleadas de Las Palmas ocupan de manera masiva los vehículos de transporte regular con trayectos sin finalidad productiva ni laboral, colapsando la capacidad de las líneas de largo recorrido. Esto deja en tierra a los trabajadores.
Trabajadores del turismo desplazados por la saturación lúdica
El resultado directo de esta gratuidad sin filtros regulatorios es la expulsión operativa del trabajador del sector turístico. Empleados de los complejos hoteleros y extrahoteleros del sur insular, que dependen de la red regular para cumplir con sus turnos rotativos en Maspalomas, Playa del Inglés o Puerto Rico, se quedan de manera sistemática en tierra al agotarse las plazas disponibles en las guaguas. La saturación de los vehículos por pasajeros que realizan trayectos recreativos de larga distancia vulnera la función esencial del transporte público como soporte de la actividad económica insular.
La desconexión entre la gestión del transporte en la capital y la realidad operativa del sur pone de relieve un fallo estructural en el diseño de las bonificaciones. En Las Palmas de Gran Canaria, donde el 94% de los 776.833 desplazamientos diarios se generan y consumen dentro del propio término municipal con tiempos medios de 15,6 minutos, el sistema absorbe con holgura los cambios de hábitos. Por el contrario, los corredores insulares de alta densidad que conectan la dorsal norte-sur se convierten en ratoneras logísticas donde el empleado de hostelería soporta las consecuencias de una gratuidad mal calibrada.
La asimetría en los diagnósticos de movilidad evidencia la falta de integración efectiva entre los núcleos urbanos y las zonas de alta concentración turística. Las patronales del sur de Gran Canaria denuncian que la subvención al billete carece de los mecanismos de priorización laboral necesarios para blindar las rutas críticas del sector servicios.
Mientras el Ayuntamiento capitalino proyecta una movilidad de futuro centrada en reducir la congestión y fomentar la accesibilidad universal, el sur de la isla asiste a la parálisis de sus conexiones regulares. La gratuidad universal, convertida en pasaje de ocio desbocado, sacrifica la productividad de los trabajadores esenciales y debilita la competitividad de un destino turístico que no puede permitirse fallar en su infraestructura básica de transporte.
