Estaba en PP, se fue a Ciuca, un partido local, de ahí ahora regresa al PP pero antes fue nombrada integrante de la dirección regional de CC adjunta a su líder, Clavijo Batlle. La jefa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, ha entablado un contencioso administrativo de elevado calado regulatorio y patrimonial contra la empresa pública Puertos Canarios, es decir, contra el consejero autonómico y líder de CC en la isla, Pablo Rodríguez. El conflicto gira en torno a la titularidad y gestión de la concesión del Puerto de Mogán, un enclave turístico e infraestructural estratégico cuya explotación económica futura amenaza con desencadenar un pleito millonario contra las arcas del Gobierno de Canarias.
El consistorio sureño ha presentado un pliego de alegaciones formales para bloquear la tramitación de una prórroga extraordinaria de 25 años solicitada por la firma privada Puerto de Mogán S.A.. Las autoridades municipales sostienen que la concesionaria carece de legitimación jurídica para instar dicha ampliación, argumentando que la titularidad originaria del dominio público portuario corresponde en exclusiva al municipio.
La raíz del litigio se remonta a la Orden Ministerial del 27 de febrero de 1981, norma fundacional que otorgó la concesión al Ayuntamiento con un vencimiento fijado para el 31 de marzo de 2031. La corporación local considera inaceptable que la administración autonómica esté dando curso a la petición de una entidad privada mientras mantiene congelada la solicitud de prórroga presentada por el propio ayuntamiento el 23 de junio de 2025, la cual fue inadmitida y se halla pendiente de resolución en recurso de alzada.
El enfrentamiento transciende el ámbito de la competencia institucional para adentrarse en el terreno del riesgo financiero contingente. En su escrito, el Ayuntamiento advierte de que consolidar la posición de la empresa privada mediante este procedimiento extraordinario comprometería los derechos adquiridos durante más de cuatro décadas por cientos de particulares y negocios locales. Titulares de amarres, locales comerciales, apartamentos e instalaciones turísticas vinculadas al recinto portuario verían alterada su seguridad jurídica.
Esta eventualidad expondría al Ejecutivo regional a una severa oleada de demandas por responsabilidad patrimonial. La degradación o extinción involuntaria de estas licencias de uso, formalizadas de buena fe bajo la cobertura del título municipal originario, desencadenaría reclamaciones millonarias dirigidas contra la Hacienda autonómica.
La batalla legal pone de relieve irregularidades de procedimiento en la instrucción del expediente. El municipio denuncia que Puertos Canarios ha omitido documentos sustanciales en la fase de audiencia pública, entre los que figuran la instancia inicial presentada por la empresa el 29 de mayo de 2025, las subsanaciones de finales de ese mismo año, el aval bancario de garantía y los informes técnicos sobre el estado de conservación de las infraestructuras. Mantener oculto el contrainforme de conservación impide evaluar el impacto real sobre el activo portuario.
La premura del regulador regional por activar una extensión de un cuarto de siglo a cinco años del vencimiento natural del título de 1981 carece de justificación económica o de interés público. La falta de transparencia en la custodia del expediente mina la confianza de los inversores locales. La resolución de esta disputa no solo definirá el modelo de gobernanza de una de las marinas más rentables del archipiélago, sino que testará la exposición del balance público canario ante litigios derivados de la inseguridad jurídica concesional.
