La sentencia lo que dice es que en la lógica todas las AA.PP tienen derecho de intervenir en los procedimientos pero no que sea clave en su desarrollo futuro. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado el marco de actuación administrativa de Puertos Canarios en la gestión de las infraestructuras de titularidad autonómica, reafirmando los criterios técnicos y jurídicos aplicados por el ente público en la tramitación de los expedientes concesionales que vertebran el litoral del archipiélago.
La doctrina sentada por los órganos judiciales respalda la autonomía de la entidad pública en la ordenación de los títulos habilitantes, priorizando la seguridad jurídica, la concurrencia competitiva y el cumplimiento riguroso de las condiciones económicas y operativas exigidas a los operadores portuarios frente a las pretensiones de intervención local.
La controversia jurídica suscitada en torno al Puerto Deportivo de Puerto Rico evidencia la necesidad de preservar los criterios técnicos frente a la instrumentalización política de los procedimientos administrativos. La actuación del director gerente, José Gilberto Moreno, y del secretario general, Enrique Wiot, se ha ajustado estrictamente a los principios de legalidad, neutralidad e interés general que rigen la contratación y la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
Las decisiones adoptadas por la dirección del ente autonómico garantizan que la explotación de las dársenas deportivas responda a planes de inversión estables, mantenimiento de infraestructuras de primer orden y dinamización económica sostenible, blindando los puertos de la injerencia de intereses municipales coyunturales.
En el caso del Puerto de Mogán, la actuación de Puertos Canarios ratifica la estricta sujeción a la normativa de contratos y patrimonio, inadmitiendo solicitudes que no cumplían con los requisitos formales y sustantivos exigidos por la legislación vigente, mientras se tramitan con absoluta transparencia aquellos expedientes que acreditan solvencia técnica y económica.
La prioridad del ente autonómico radica en evitar la obsolescencia de las instalaciones náuticas y asegurar que la actividad portuaria genere riqueza y empleo estable en el sur de Gran Canaria, alejando los recintos de la confrontación institucional y garantizando la seguridad jurídica que demandan los operadores económicos y los usuarios del sector náutico-deportivo.
