En 2027 y en año de elecciones el lobby de los taxistas del sur de Gran Canaria va a tener que buscar otras ocupaciones de presión o reciclarse. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto conjuntamente por el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Regional de Taxis de Canarias (FEDETAX). La sentencia invalida el blindaje numérico que impedía la concesión masiva de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), abriendo de forma definitiva el mercado insular a la entrada de doscientos nuevos vehículos
El litigio judicial se centraba en determinar si la condición de región ultraperiférica (RUP) de Canarias, unida a sus especiales características territoriales, justificaba la limitación cuantitativa estipulada en el artículo 79 quinquies de la Ley 13/2007, introducida por la Ley 9/2014. Dicho marco normativo bloqueaba el otorgamiento de licencias VTC cuando se superaba la proporción restrictiva de una autorización por cada treinta licencias de taxi en la isla.
El Alto Tribunal dictaminó que la condición ultraperiférica y los condicionantes geográficos o medioambientales esgrimidos por el Cabildo no acreditan de manera suficiente que la restricción cuantitativa sea una medida apropiada y congruente para la gestión del tráfico y la protección del espacio público. Según la resolución judicial, esta limitación excesiva vulnera la libertad de establecimiento reconocida en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al carecer de una justificación proporcional de interés general.
Por su parte, la corporación insular había fundamentado su defensa en que la proporción de uno a treinta respondía estrictamente a razones de cohesión social, ordenación del transporte y capacidad de carga del territorio ante los hándicaps de insularidad y densidad. No obstante, la entidad mercantil Senza 2020 S.L., personada en el procedimiento, refutó los argumentos de los recurrentes al señalar que la norma vulneraba los principios de no discriminación y proporcionalidad comunitaria, apoyándose en la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia.
El alcance práctico de la decisión judicial transforma la estructura de movilidad en el principal polo turístico del sur de Gran Canaria. El municipio de San Bartolomé de Tirajana, epicentro de la demanda de transporte en enclaves clave como Maspalomas y Playa del Inglés, pasa a encajar de forma directa la operatividad de flotas vinculadas a plataformas multinacionales como Uber y Cabify. Hasta la fecha, la flota tradicional de taxis administraba de forma exclusiva el flujo de viajeros en una zona caracterizada por una elevada densidad de visitantes internacionales.
La incorporación de los 200 nuevos vehículos con conductor incrementa la oferta de movilidad privada en un mercado insular que recibe anualmente a más de 2,6 millones de pasajeros extranjeros en el aeropuerto de Gran Canaria. El fallo judicial abre un escenario de reestructuración forzosa para el sector del taxi local, que operaba bajo licencias municipales de valor patrimonial blindado.
La anulación del tope legal de uno a treinta invalida la estrategia del Cabildo insular de contención del parque móvil mediante decretos de capacidad de carga. La entrada masiva de los doscientos títulos VTC gestionados por Senza 2020 S.L. reactiva expedientes administrativos paralizados durante años en las dependencias insulares de transportes. La ejecución de la sentencia obliga al Cabildo de Gran Canaria a tramitar la expedición formal de las autorizaciones, abonando el terreno para un nuevo modelo de libre competencia tarifaria y operativa en las carreteras grancanarias.
