La patronal turística no transige. El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Fernando Estany, ha lanzado este fin de semana en Canarias7 un aviso contundente. Las patronales recorrerán a los tribunales si Coalición Canaria (CC) tira adelante en San Bartolomé de Tirajana una ordenanza provisional que abra la puerta a la residencialización por etapas en suelo estrictamente turístico. La formación nacionalista en el municipio promete a los afectados una solución urbanística, un compromiso que los empresarios consideran una línea roja innegociable para el modelo económico de la comarca.
Propietarios de apartamentos turísticos que viven de manera permanente en estos inmuebles denuncian un riesgo evidente de expropiación y desalojamiento forzoso. Estany responde con taxativitud. Nadie será echado de su casa. El marco normativo que prepara el Gobierno autonómico blinda a aquellos residentes que acrediten haber residido en el complejo antes del año 2017. Más allá de esta salvaguarda humanitaria, el representante empresarial recuerda que el uso turístico de estas parcelas está fuera de toda discusión jurídica.
El origen del conflicto se remonta al desarrollo impulsado por el Conde de la Vega Grande. Se fijaron parcelaciones y planes parciales exclusivamente para la actividad turística. El punto de inflexión normativo llega con el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana de 1996.
Recordó que el documento catalogó como suelo turístico todo aquello situado por debajo de la carretera GC-500, excepto contadas excepciones residenciales previas. Las normativas posteriores, incluyendo la Ley de Modernización y Renovación de 2013, endurecieron las exigencias legales. La obligación de consignar el uso turístico en las escrituras de compraventa pretendía evitar la desinformación de extranjeros, un deber de transparencia que los ayuntamientos relajaron por conveniencia económica.
La ley de 2017 consolidó la situación de los residentes arraigados para evitar desahucios. Estany desvincula esta realidad de comparativas alarmistas con situaciones de vulnerabilidad social en Madrid. Los residentes anteriores a 2017 mantendrán sus derechos y no sufrirán desalojos, pero la patronal exige el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística vigente y frenar cualquier intento municipal de convertir la planta alojativa en residencial.
