El cortocircuito político en el seno del Partido Popular de Gran Canaria ha dejado de ser un rumor soterrado para convertirse en evidencia orgánica. Tal y como adelantaba en exclusiva Maspalomas24H, el pretendido y cacareado pacto entre la formación conservadora y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se encuentra completamente congelado. Fuentes oficiales del entorno directo de la regidora confirmaron este lunes que, a día de hoy, no existe absolutamente nada firmado con el presidente insular del PP, Carlos Sánchez, situando la hipotética rúbrica en un horizonte posterior a las próximas elecciones generales de noviembre y desbaratando los plazos triunfalistas que la propia alcaldesa había anunciado desde una emisora de radio en El Tablero de Maspalomas. En Mogán se ha colocado el calendario de las elecciones del 29 de noviembre para buscar una respuesta con cierta lógica al retraso por parte del PP del acuerdo con Mogán.
La escenificación pública del acuerdo, que el aparato insular llegó a calificar el pasado verano como un entendimiento avanzado al noventa por ciento, se ha estrellado contra la cruda realidad de los equilibrios internos y la falta de concreción documental. Desde el circuito de poder que rodea a la exlíder de Coalición Canaria se admite que los plazos previstos inicialmente se han desvanecido sin fecha fija en el calendario. Esta parálisis táctica evidencia que la dirección nacional y regional del PP prioriza en estos momentos la estabilidad de su estrategia general en Madrid frente a los réditos locales o los escasos millares de votos que la plataforma de la regidora moganera pudiese aportar a una candidatura insular al Cabildo de Gran Canaria.
A este repliegue táctico se suma un profundo malestar instalado en sectores clave del empresariado de Las Palmas, que miran con absoluta desconfianza los flirteos estratégicos de la cúpula popular. Las élites económicas de la capital exigen al PP garantías firmes y explicaciones claras sobre cuestiones capitales como la postura real frente a la implantación de ecotasas o las injerencias gubernamentales que amenazan la independencia de las decisiones empresariales, poniendo como ejemplo los recientes ataques regulatorios sufridos por los operadores históricos del negocio náutico y portuario en la isla, un sector tradicionalmente alejado de cualquier deriva intervencionista y plenamente alineado con la órbita liberal.
El epicentro de esta crisis orgánica no solo frena las aspiraciones de expansión insular de Onalia Bueno, sino que destapa un escenario interno cargado de turbulencias en la capital. La gestión de los equilibrios locales y las dudas sobre las líneas de campaña han paralizado la maquinaria electoral del partido, dejando en el aire la viabilidad de una operación política diseñada a golpe de anuncios unilaterales. La regidora de Mogán había optado por una huida hacia adelante mediática al autoproclamarse número dos en la plancha del PP al Cabildo, insistiendo en que su integración no se produciría como independiente, sino mediante una alianza formal entre los populares y su marca, Bueno para Gran Canaria, con el objetivo de blindar cuotas de poder para los miembros de su formación.
Pese a los intentos de la alcaldesa por certificar un desembarco coral que incluya a otros afines en puestos de salida y de los elogios públicos de un Carlos Sánchez que prefiere calificarla de líder nata para calmar las aguas, la realidad del partido refleja un profundo desgarro territorial. Los recelos de las bases y cargos locales hacia la estrategia expansiva de Bueno —quien proyectaba plantar cara con estructuras propias en municipios clave como San Bartolomé de Tirajana y la propia capital de la mano de un exnadador olímpico— han terminado por dinamitar los puentes de entendimiento. Con el foco puesto en las generales de noviembre y las costuras orgánicas amenazadas, el hipotético pacto estrella del PP grancanario se asoma al abismo de la irrelevancia institucional.
