La red de usurpación y falsificación documental que operó en el archipiélago durante media década dejó una huella directa en los enclaves históricos y agrarios del sur grancanario. según los documentos a los que ha tenido acceso Maspalomas24H. La Audiencia Provincial de Las Palmas se encamina hacia la apertura de juicio oral contra los principales implicados en una trama de fraude catastral que utilizó testaferros, contratos privados simulados y complicidades funcionariales para vaciar de titulares legítimos a decenas de fincas rústicas, poniendo especial foco en los valles y pagos de Fataga y Tirajana.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan una operativa sistemática desarrollada entre 2011 y 2016. La organización se valía de información privilegiada para localizar terrenos de alto valor paisajístico y agrario cuyos propietarios tradicionales carecían de vigilancia constante sobre sus heredades. Mediante la falsificación de firmas y la creación de transmisiones mercantiles ficticias, los acusados lograban alterar los registros oficiales con la colaboración activa de un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro, quien despachaba expedientes exprés en cuestión de horas, omitiendo de forma deliberada los trámites de audiencia y las notificaciones obligatorias a los colindantes.
Afectados en el corazón del municipio turística y rural
El impacto de este expolio documental alcanzó de pleno al término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Entre los casos acreditados en el sumario destaca el fraude perpetrado sobre una parcela situada en el paraje conocido como El Capao, en el polígono 8 de Fataga, donde la legítima propietaria, vio cómo su propiedad cambiaba de manos de forma irregular para perjudicar tanto a la titular original como a posteriores compradores de buena fe. Del mismo modo, el propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana figura formalmente en la lista de perjudicados por la manipulación de titularidades en enclaves estratégicos como el suelo de La Quinta.
La trama no solo alteraba el mapa de la propiedad rústica para dar una apariencia de legalidad a los despojos, sino que canalizaba los beneficios económicos obtenidos hacia la adquisición de bienes de lujo y vehículos, blanqueando los capitales procedentes del tráfico ilícito de tierras. Con la causa elevada ya a la fase de enjuiciamiento ante la Audiencia Provincial, el proceso judicial destapa la vulnerabilidad histórica de los registros públicos y la indefensión a la que se vieron expuestos los herederos y propietarios tradicionales del sur insular frente a la delincuencia organizada de guante blanco.
Fuera de la comarca meridional, el radio de acción de la trama extendió sus tentáculos por diversos puntos de Gran Canaria, afectando a solares e inmuebles en municipios como Las Palmas de Gran Canaria —con expedientes que rozaron viales emblemáticos como la calle Luis Doreste Silva o el polígono de El Lagarillo—, además de incursiones punteras en localidades norteñas como Moya y Teror, donde particulares vieron alteradas las referencias catastrales de sus fincas familiares. Este despliegue insular se completó con ramificaciones operativas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, consolidando un expolio patrimonial a gran escala que ahora dirimirá la justicia.
