La mercantilización de los espacios domésticos en Gran Canaria ha traspasado las fronteras del debate urbanístico para instalarse de lleno en los tribunales de familia, donde el uso de plataformas digitales como Airbnb se debate como un indicador de supervivencia económica frente a grandes fortunas internacionales.
Un reciente fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha puesto de relieve esta profunda brecha socioeconómica a través de un litigio de modificación de medidas matrimoniales. En el centro del caso se examinó cómo una madre con residencia en la isla utilizaba el alquiler vacacional de una de las habitaciones de la vivienda familiar mediante Airbnb para percibir una renta de unos 400 euros mensuales en periodos de ocupación, complementada con ingresos de la economía sumergida como limpiadora por unos 30 o 40 euros al mes. El tribunal subrayó que esta actividad no refleja una mejora patrimonial, sino una situación de manifiesta necesidad y penosidad ante la obligación de alojar a extraños en el propio hogar familiar.
En contraste directo con esta realidad doméstica, el litigio expuso la posición del progenitor, quien trasladó su residencia en 2022 al Principado de Mónaco, un territorio caracterizado por concentrar grandes patrimonios y donde la renta per cápita supera exponencialmente a la española. La resolución judicial valoró este traslado y el nivel de vida asociado a Mónaco como un indicio claro de la alta capacidad económica del padre, desestimando su pretensión de reducir drásticamente la pensión de alimentos del hijo menor de 800 a 500 euros bajo el argumento de una supuesta mejora de ingresos de la madre.
El procedimiento judicial detalla asimismo el complejo entramado logístico y familiar derivado de la distancia internacional, fijando un régimen de visitas que obliga al menor a desplazarse por avión entre Gran Canaria, el país de residencia paterno en Mónaco o el entorno familiar en Alemania, con protocolos estrictos de acompañamiento aéreo y distribución de costes de transporte.
Esta colisión entre los ingresos precarios obtenidos mediante habitaciones turísticas en plataformas digitales y la residencia de lujo en enclaves internacionales como Mónaco ilustra la dualidad económica que atraviesa el archipiélago canario, donde el mercado de la vivienda y la presión turística condicionan de manera directa la resolución de los conflictos familiares y el sustento de los menores.
