La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha otorgado la autorización administrativa definitiva para el proyecto de extensión de vida útil de tres turbinas de gas estratégicas en la Central Térmica de Barranco de Tirajana, situada en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. La resolución, firmada por la Dirección General de Energía, respalda las actuaciones proyectadas por la mercantil Unión Eléctrica de Canarias Generación (UECG) sobre los grupos generadores G2B, TG3B y TG4B, una intervención valorada por los técnicos como esencial para garantizar la seguridad del suministro eléctrico insular sin incrementar la potencia instalada ni modificar el combustible fósil empleado en la instalación.
El expediente administrativo, tramitado bajo el expediente GE26/002, trae causa directa de la convocatoria estatal de concurrencia competitiva para el reconocimiento del régimen retributivo adicional en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Tras la obtención de la resolución favorable de compatibilidad emitida por la Secretaría de Estado de Energía a principios de 2026, el operador elevó la solicitud autonómica para acometer una profunda renovación tecnológica y mecánica en las instalaciones del sur grancanario, dotadas de potencias netas de 32,34 megavatios para el grupo G2B y de 68,7 megavatios para cada uno de los bloques de ciclo combinado de las turbinas TG3B y TG4B.
Las actuaciones técnicas previstas en el proyecto contemplan la sustitución integral del rotor y de los álabes en la turbina G2B mediante el estándar de reposición equivalente, además del reemplazo del motor de arranque y la actualización completa del sistema de control. En paralelo, los bloques asociados a las turbinas TG3B y TG4B experimentarán una modificación sustancial de sus compresores con nuevos diseños mecánicos, la incorporación de los sistemas de reducción de tiempos de arranque y carga mínima medioambiental, la mejora de los sistemas de limpieza y la renovación de la subestación eléctrica de seis kilovoltios junto con la modernización de los paneles de control a la versión Mark VIe y la sustitución de la reductora principal en el grupo TG3B.
La tramitación de la autorización no ha estado exenta de confrontación corporativa en el sector energético regional. La entidad Disa Generación formuló alegaciones formales solicitando la suspensión cautelar del procedimiento autonómico hasta la resolución definitiva de los recursos administrativos y judiciales interpuestos en la vía estatal, argumentando además posibles distorsiones sobre el límite legal del cuarenta por ciento de cuota de generación y la posición de dominio del operador en el mercado eléctrico insular. Asimismo, la compañía impugnante reclamó la incorporación de informes adicionales actualizados por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Operador del Sistema sobre la eficiencia de la inversión.
La dirección general energética ha desestimado de forma argumentada las pretensiones suspensivas y de archivo planteadas por la competidora, subrayando que la normativa administrativa no prevé la paralización automática de los expedientes insulares por la pendencia de litigios en instancias estatales y que el control sobre la posición de dominio y el régimen retributivo ya fue fiscalizado en el procedimiento competitivo de origen. Los informes ambientales emitidos por el departamento de Calidad Ambiental calificaron la intervención como una modificación no sustancial, al descartar incrementos de emisiones contaminantes o afecciones significativas que obliguen a someter el plan a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada.
La ejecución de las obras cuenta con la declaración de interés general emitida mediante orden departamental, lo que ha permitido superar la falta de emisión en plazo de los informes requeridos tanto al Cabildo Insular de Gran Canaria como al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Mediante la aplicación de la conformidad presunta, la autorización sustantiva subsume los permisos territoriales y urbanísticos, eximiendo al promotor de la licencia municipal y habilitando el inicio de los trabajos técnicos orientados a garantizar la estabilidad energética del sistema insular y la cobertura de la demanda futura.
