Una ofensiva empresarial y jurídica desde Las Palmas presiona con dureza al ente público Puertos Canarios en plena tramitación de la prórroga de la concesión del Puerto de Mogán. La Asociación por la Mejora del Puerto de Mogán (AMPUMO), creada en verano de 2025 y en el entorno del negocio irlandés de marca italiana llamado 'La Venecia de Canarias', un negocio inmobiliario, advierte de que el proceso actual podría derivar en reclamaciones patrimoniales de hasta 120 millones de euros si la administración autonómica ignora los derechos de los actuales usuarios y propietarios del enclave. La sede está en un despacho de abogados de Las Palmas.
El lobby, que se define como una asociación de "vecinos y comerciantes" afirma que la tesis del Ayuntamiento "es la única que garantiza esos derechos y evita perjuicios económicos para las arcas públicas".
Este grupo de presión entra en el conflicto donde operan sociedades clave del sector turístico y de servicios en la zona. Entre ellas destaca Marina Mogán, con domicilio social en la calle Explanada del Castillete número 3 en Mogán y administrada por Billy Dennehy, cuya actividad abarca la explotación de complejos turísticos, restaurantes, locales comerciales y zonas recreativas. Esta mercantil figura además en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como beneficiaria de ayudas a la inversión del régimen económico y fiscal de Canarias (REF) al amparo de la Ley 20/1991 y la Ley 19/1994, percibiendo una ventaja fiscal de 109.000 euros.
En el mismo ecosistema empresarial opera Mogán Comunidades y Servicios, con un capital social de 100.000 euros y también bajo la administración única de Billy Dennehy. Constituida inicialmente como Explotaciones Hoteleras La Salle, esta entidad presta servicios de mantenimiento integral de comunidades, urbanizaciones y complejos turísticos, habiendo ampliado recientemente su objeto social a actividades de construcción, instalaciones eléctricas y apoyo a la agricultura.
Ante esta situación, el lobby ha trasladado una comunicación formal a todos los integrantes del consejo rector de Puertos Canarios para exigir que se paralice cualquier resolución unilateral que perjudique a los titulares legítimos. La asociación opera desde La Venecia de Canarias y exige al Ejecutivo regional que garantice la seguridad jurídica y evite una factura millonaria en indemnizaciones que recaerían directamente sobre las arcas públicas.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en proceso de transferencia de su poder en favor del PP, ha dado carta de naturaleza a la entidad de Las Palmas porque dice que "representa a usuarios titulares del 73,80% de los derechos de la concesión frente al 26,20% que conserva Puerto de Mogán S.A." y que la entidad domiciliada en la calle Agustín Millares "defiende la propuesta del Ayuntamiento de Mogán por garantizar sus derechos y evitar posibles reclamaciones patrimoniales millonarias a la Comunidad Autónoma".
