El Pleno del Parlamento de Canarias ha frenado la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para regular la residencialización en parcelas y complejos de uso turístico, sumando los votos en contra de Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente frente a la abstención de Agrupación Socialista Gomera. La iniciativa legislativa, que contaba con el respaldo de Nueva Canarias y Vox, pretendía otorgar un marco de consolidación legal a las viviendas ya existentes en zonas de uso mixto o extrahotelero del archipiélago, adaptando la definición de establecimiento y unidad alojativa a la realidad social del sur insular.
La propuesta rechazada buscaba compatibilizar la residencia permanente de los pequeños propietarios con la explotación turística en municipios clave como San Bartolomé de Tirajana o Mogán, evitando que los residentes queden supeditados a los dictámenes de las grandes comercializadoras hoteleras. El debate parlamentario evidenció la fractura entre la oposición y el Ejecutivo autonómico sobre la protección de los derechos de propiedad en enclaves turísticos, sacando a la luz los compromisos electorales asumidos por el presidente regional con las plataformas de afectados antes de su investidura.
Desde las filas del grupo promovente se reprochó a la Consejería de Turismo y al propio Gobierno de Canarias el bloqueo sistemático de las iniciativas parlamentarias destinadas a dar seguridad jurídica a miles de familias residentes en complejos del sur de Gran Canaria. La oposición afeó al Gabinete autonómico la falta de concreción de la prometida reforma de la ley turística y calificó de insuficientes las medidas reglamentarias dictadas hasta la fecha para resolver el conflicto del uso residencial en suelo turístico.
El grupo parlamentario de Coalición Canaria justificó su rechazo a la toma en consideración al considerar que la proposición socialista generaría nuevas incertidumbres jurídicas en la convivencia dentro de los complejos, si bien apremió al departamento de Turismo a presentar una propuesta legislativa integral y con rigor técnico para resolver la complejidad del modelo extrahotelero. Por su parte, el Partido Popular defendió las acciones emprendidas por la Consejería de Turismo, destacando la eliminación del derecho a la expropiación y el fin de las inspecciones de oficio como avances hacia un marco regulado de conversión de uso y alquiler vacacional.
Los grupos de la oposición subrayaron la angustia de los propietarios afectados, acusando al Ejecutivo de alinearse con los intereses de los grandes operadores turísticos frente al derecho a la vivienda de las familias canarias en enclaves costeros. Por su parte, Agrupación Socialista Gomera reclamó la apertura inmediata de una mesa de trabajo intergrupal para consensuar un texto definitivo que ponga fin a más de una década de incertidumbre administrativa en los principales núcleos turísticos de las islas.
El rechazo parlamentario deja la regulación del uso residencial en áreas turísticas a la espera del anunciado proyecto de ley del Gobierno de Canarias. La falta de consenso institucional prolonga el conflicto entre el modelo de explotación turística intensiva y la consolidación de los derechos de los residentes en los municipios del sur de Gran Canaria.
