El Consorcio Maspalomas Gran Canaria, que tiene rotos en su web oficial todos los datos financieros, ha decretado la anulación oficial del concurso público destinado a evaluar de forma rigurosa el retorno económico y social de sus principales inversiones estratégicas en el sur de la isla. La decisión administrativa frena de manera definitiva la licitación que pretendía auditar el impacto real sobre la actividad económica, la generación de empleo y la cohesión territorial de cinco intervenciones urbanísticas y turísticas clave ejecutadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, obligando a la entidad consorciada a replantear los plazos y la estrategia de control presupuestario en la comarca meridional.
La paralización del procedimiento afecta de forma directa a los proyectos concebidos para consolidar la transformación del litoral y de los núcleos urbanos del sur grancanario. Entre las actuaciones que figuraban en el pliego de prescripciones técnicas original destacaban el acondicionamiento paisajístico de la ladera situada entre el tobogán y la playa, la ambiciosa transformación del Mercado Municipal de Maspalomas, la climatización de la Piscina Ernesto Hernández ubicada en San Fernando de Maspalomas, la rehabilitación integral del paseo marítimo de Meloneras dotado de alumbrado público, y el desarrollo del plan de accesibilidad al litoral municipal. Cada uno de estos proyectos iba a ser sometido a un análisis pormenorizado para comprobar su grado de eficacia en la asignación de fondos públicos y su correspondencia con las necesidades reales del destino.
Las condiciones económicas y operativas de la licitación anulada preveían una estructura metodológica muy compleja, articulada en seis fases sucesivas que abarcaban desde el diseño inicial hasta la entrega final de bases de datos y archivos editables. El adjudicatario habría dispuesto de un plazo máximo de ejecución de nueve meses para auditar las intervenciones, con la exigencia de aplicar modelos estandarizados de evaluación de impacto y retorno económico sobre los recursos destinados a la mejora de la infraestructura turística. Los pliegos contemplaban además estrictos controles de trazabilidad para documentar todas las hipótesis de trabajo y fuentes estadísticas oficiales empleadas durante los estudios sectoriales.
El núcleo de la exigencia técnica anulada residía en la obligación de realizar un intenso trabajo de campo con marcada presencialidad física en Gran Canaria para garantizar la fiabilidad de las conclusiones. Los pliegos imponían un mínimo de cinco visitas técnicas en jornadas independientes, la realización de veinticinco entrevistas presenciales a actores cualificados del tejido socioeconómico y la convocatoria de cinco mesas de participación sectorial destinadas a contrastar los resultados preliminares. Asimismo, el contrato contemplaba la celebración obligatoria de reuniones periódicas de validación con el Consorcio y dos actos públicos de presentación de conclusiones ante los agentes sociales y económicos del municipio.
La anulación de este procedimiento de contratación abre un interrogante significativo sobre los tiempos y los mecanismos de supervisión que empleará la administración consorciada para fiscalizar la rentabilidad social de su gasto en infraestructuras. En un entorno donde la competitividad y la sostenibilidad del destino turístico del sur de Gran Canaria demandan estándares elevados de gobernanza y transparencia institucional, la retirada del concurso obliga a la corporación a replantear los instrumentos técnicos necesarios para medir el retorno real de la inversión pública efectuada en los últimos años.
La reestructuración de esta auditoría socioeconómica condicionará de manera inevitable la planificación de futuras actuaciones urbanísticas en los principales enclaves turísticos de San Bartolomé de Tirajana. Los operadores y los colectivos locales observan con atención los próximos pasos administrativos del Consorcio para dilucidar si se redactarán nuevos pliegos adaptados a las exigencias presupuestarias o si el replanteamiento completo del expediente modificará sustancialmente los criterios de evaluación de impacto previstos para el desarrollo económico del sur insular.
La incertidumbre generada por la retirada del expediente administrativo obliga a los servicios técnicos municipales a rediseñar el alcance de los indicadores de rendimiento. La necesidad de contar con una herramienta fiable de medición del impacto económico en zonas turísticas maduras sigue siendo una prioridad ineludible para la gestión eficiente de los recursos públicos en el archipiélago.
