La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha dictado la resolución por la que se concede la autorización administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública al proyecto de transporte eléctrico denominado 'Línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, simple circuito, Santa Águeda - El Tablero 2', promovido por la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U. en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Esta infraestructura estratégica cuenta con un presupuesto de ejecución de 4.639.283 euros y persigue reforzar el mallado y la seguridad del suministro energético en el sur de la isla de Gran Canaria. El expediente, registrado bajo la referencia AT23/015, contempla el desarrollo de un trazado con una longitud total de 10,304 kilómetros. De esta distancia global, 5,233 kilómetros se corresponden con un tramo aéreo dotado de un circuito a 66 kV con conductor tipo AL/AW HAWK y sustentado por 17 apoyos metálicos secuenciados desde el T-1 hasta el T-17.
Los 5,071 kilómetros restantes se ejecutarán mediante canalización subterránea dividida en dos sectores diferenciados. El primero de ellos discurre a lo largo de 167 metros desde la subestación de Santa Águeda hasta el apoyo de transición T-1, mientras que el tramo principal soterrado abarca aproximadamente 4.904 metros. Este último sector atraviesa viales y espacios estratégicos como la calle Mar de Azor, la avenida de la Unión Europea, el barranco de la Tabaquera, el cruce bajo la autovía GC-1 a través de las calles Doctor Agustín Millares Carlo y avenida Francisco Vega Monroy, y las vías Chile y Cartago hasta enlazar con la subestación de El Tablero.
Durante el preceptivo trámite de información pública, publicado en los boletines oficiales y en diversos diarios insulares, se formularon múltiples alegaciones por parte de mercantiles, entidades gestoras de aguas y grandes propietarios de suelo, entre las que destacan Elmasa Tecnologías del Agua, Invercasti Alfa, Herederos de Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, Propiedades Mejoradas y el Grupo Inmobiliario Tinojai.
Las objeciones se centraron en la corrección de titularidades de fincas, la delimitación de superficies afectadas por las servidumbres de paso y las demandas de soterramiento integral del trazado. La promotora Red Eléctrica respondió a los interesados argumentando que el trazado responde a la planificación vinculante de la red de transporte y que la declaración de utilidad pública justifica la necesidad de ocupación, si bien manifestó su plena disposición para coordinar los replanteos técnicos, estudiar afecciones concretas y acordar indemnizaciones justas por los perjuicios ocasionados.
En el plano institucional y sectorial, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana emitió informes desfavorables respecto al tramo subterráneo por su afección al viario municipal en suelo urbano y urbanizable, aunque otorgó conformidad al trazado aéreo en el marco del planeamiento urbanístico vigente (PGOU’96).
Por su parte, la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad advirtió sobre la presencia de hábitats de interés comunitario y la necesidad de proteger la avifauna en los sectores de monte bajo y matorrales termomediterráneos. Asimismo, operadoras como Canaragua y Telefónica emitieron condicionados técnicos relativos al respeto de sus redes de servicios básicos y telecomunicaciones durante las obras de apertura de zanjas y tendido de conductores.
La viabilidad ambiental del proyecto quedó avalada tras la emisión de la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, la cual determina que la actuación no generará efectos adversos significativos siempre que se cumpla un riguroso condicionado preventivo. El anexo ambiental impone la redacción previa de un Plan de Organización y Coordinación Logística para minimizar la huella temporal de la obra y optimizar el uso de maquinaria pesada.
Del mismo modo, ante el riesgo de colisión para la avifauna protegida, se obliga a instalar dispositivos anticolisión avanzados de triple aspa catadióptrica con balizamiento ultravioleta en el tramo aéreo, además de establecer un protocolo de seguimiento quincenal y mensual de la siniestralidad de aves durante la vida útil de las instalaciones, fiscalizado por los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Finalmente, el promotor deberá completar un Plan de Restauración geomorfológica y revegetación con especies autóctonas para asegurar la total integración paisajística de los taludes, accesos y áreas de acopio afectadas.
