El Boletín Oficial del Estado ha consolidado su edición actualizada del Código Geoespacial, una herramienta jurídica fundamental que incide de manera directa en enclaves estratégicos como el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. Esta recopilación normativa, elaborada bajo la selección del especialista Efrén Díaz Díaz, integra por primera vez de forma transversal las dimensiones de la defensa y la seguridad aeroespacial, conectando la gestión territorial con la normativa del espacio ultraterrestre y la teledetección comercial.
La actualización normativa cobra especial relevancia en el sur de Gran Canaria debido a la vigencia de regímenes específicos de servidumbres vinculadas a infraestructuras de telecomunicación y observación espacial.
En concreto, el compendio jurídico recuerda la plena aplicación de la Ley 153/1964 sobre servidumbres de instalaciones para la investigación y utilización del espacio exterior. Esta regulación afecta directamente a enclaves neurálgicos del archipiélago como la Estación Espacial de Maspalomas, un centro clave para el seguimiento de misiones y la recepción de datos satelitales en el Atlántico.
La convivencia entre la actividad turística intensiva de Maspalomas y el despliegue de tecnologías aeroespaciales exige un control riguroso del espacio circundante. Los desafíos jurídicos derivados de la proliferación de sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos comúnmente como drones. Aunque la normativa de zonas e instalaciones de interés para la defensa no prohíbe de forma genérica el sobrevuelo o la toma de imágenes, las restricciones del espacio aéreo controlado y las limitaciones geográficas específicas de UAS condicionan severamente la operativa civil en zonas colindantes con infraestructuras críticas y franjas litorales del municipio turístico.
Asimismo, el compendio editado por el BOE sistematiza un total de 123 disposiciones repartidas en 2.340 páginas, abarcando desde la cartografía y el catastro hasta el régimen de doble uso civil y militar de tecnologías avanzadas. Para los operadores económicos, administraciones locales y despachos jurídicos asentados en el sur de Gran Canaria, disponer de este marco consolidado resulta indispensable a la hora de afrontar la tramitación de inversiones exteriores, la exportación de material sensible o la correcta coordinación entre el Registro de la Propiedad y la cartografía oficial en un territorio sometido a una intensa presión urbanística y sectorial.
