El urbanismo del sur de Gran Canaria camina sobre una brizna de alambre institucional donde la legalización masiva de asentamientos fuera de ordenación se ha convertido en el principal polvorín político y administrativo de San Bartolomé de Tirajana. La reciente aprobación inicial de la Modificación Menor del Plan General de Ordenación (PGO) para el asentamiento rural de Isla Jamaica, en la zona de El Salobre, destapa la punta de un iceberg colosal.
Este procedimiento, impulsado por el concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, y tramitado a instancias de la Asociación Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo los Azules y Zonas Aledañas, abre un periodo de información pública de cuarenta y cinco días hábiles que vuelve a poner sobre la mesa el eterno conflicto entre la realidad de los hechos consumados y el rigor de la legalidad territorial.
La radiografía de este fenómeno desborda el expediente de Isla Jamaica y salpica de lleno a enclaves vecinos como Lomo de las Cuatro Matas y Lomo Los Azules, donde la espiral del crecimiento clandestino ha esculpido barrios enteros al margen de la norma urbanística vigente desde 1996. En Lomo de las Cuatro Matas, el censo real arroja 68 hogares irregulares fragmentados en dos núcleos: un epicentro de 35 viviendas estructurado en torno a la calle Puerto Rico y un cordón periférico de 33 casas diseminadas en un radio de doscientos metros.
La pretensión municipal de acogerse a la flexibilidad de la Ley del Suelo de Canarias para declarar el área como asentamiento rural —creando cinco nuevas parcelas que elevarían el total a 73 viviendas y una población estimada de 170 habitantes directos, aunque los cálculos técnicos sitúan el impacto real en unos 300 afectados— choca frontalmente contra un muro de contención institucional insalvable.
El pulso técnico y político enfrenta al consistorio municipal con el Cabildo de Gran Canaria y con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno regional. A diferencia de las zonas puramente residenciales, el intento de regularización en enclaves de fuerte arraigo agrario se estrella contra la contradicción de los usos.
La pretensión de otorgar cobertura legal a construcciones asentadas sobre suelos en producción, salpicados de huertas de hortalizas, frutales y explotaciones ganaderas que mutaron paulatinamente hacia chalés de segunda residencia con piscina, vulnera de forma flagrante las directrices del Plan Insular de Ordenación (PIO). El departamento autonómico de Agricultura ya ha emitido informes en contra, argumentando que la alta densidad residencial y la tipología edificatoria prevista estrangulan la pervivencia del sector primario y desnaturalizan la protección del suelo rústico.
Las costuras del modelo socioeconómico del sur grancanario crujen bajo el peso de estas dinámicas. Ambas plataformas vecinales, asesoradas por despachos especializados como el estudio de arquitectura Kurson, intentan exprimir las rendijas de la legislación autonómica para blindar construcciones consolidadas durante los últimos 25 años, muchas de ellas lastradas por expedientes sancionadores y sentencias firmes de demolición. Mientras que en los núcleos donde la actividad agrícola es meramente residual se ensayan fórmulas de asentamiento rural, en aquellos sectores donde el tejido productivo resiste, la exigencia legal de demostrar un vínculo directo y proporcional con la explotación agropecuaria dinamita cualquier intento de blanqueo urbanístico a medida.
El coste de esta deriva no se mide únicamente en términos de metros cuadrados afectados, sino en la erosión de la seguridad jurídica y en la presión asfixiante sobre unas infraestructuras públicas ya al límite de su capacidad operativa. La promesa política de proporcionar ingresos a las arcas municipales y de apaciguar el malestar social de centenares de familias atrapadas en el limbo jurídico contrasta con la parálisis a la que se enfrentan los expedientes en los despachos supramunicipales.
Sin el plácet de los órganos insulares y autonómicos, la ansiada normalización urbanística de estos poblados sigue bloqueada, evidenciando la incapacidad histórica de la administración local para contener la marea de un chabolismo residencial de baja intensidad que amenaza con desbordar definitivamente la ordenación del territorio en Gran Canaria.
