La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación formal ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana solicitando una pena de dos años y medio de prisión para FSA, acusado de un delito de agresión sexual a un menor de cinco años. Los hechos recogidos en el expediente del Ministerio Público se circunscriben a la tarde del 28 de febrero de 2024 en el establecimiento situado en la Avenida de Canarias del núcleo urbano de El Doctoral, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.
Según detalla el relato acusatorio, el procesado realizó tocamientos de índole sexual en la zona genital del menor por encima de la ropa mientras profería comentarios sobre su anatomía. A pesar de que el pequeño intentó apartar la mano del acusado en un primer momento, el imputado reiteró la agresión en una segunda ocasión hasta que un testigo presencial intercedió de inmediato para separar al menor y frenar la agresión. La madre y representante legal del niño ha ejercido las acciones oportunas reclamando las indemnizaciones que correspondan por los daños morales ocasionados.
En el plano penal, la representación del Estado tipifica las acciones como constitutivas de un delito de agresión sexual a menor de 16 años conforme al artículo 181.1 del Código Penal, atribuyendo a FSA la autoría directa sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El escrito procesal deja constancia de que el acusado cuenta con antecedentes por una condena firme dictada en diciembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, que le impuso cuatro meses de prisión por un delito de quebrantamiento cuya ejecución fue suspendida por un plazo de dos años.
A tenor de la gravedad de la infracción, la Fiscalía ha interesado la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y ha solicitado, además de la pena privativa de libertad, un severo paquete de medidas accesorias y de protección. El Ministerio Público exige la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones o actividades que impliquen contacto regular con menores durante tres años, junto a una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicación con la víctima por un periodo que supere en seis años la duración de la condena de cárcel.
La propuesta penal se completa con la imposición de una medida de libertad vigilada por un plazo de seis años superior al de la pena principal, la inhabilitación para el sufragio pasivo y el pago íntegro de las costas del procedimiento. En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama que el procesado indemnice al menor con 1.000 euros por los perjuicios morales sufridos, suma que devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcentuales según lo estipulado en la legislación procesal civil.
