El expediente administrativo del parque fotovoltaico Lomo Gordo 4, una instalación de dos megavatios de potencia nominal promovida por la entidad Tinojai Renovables, una sociedad familiar de Del Castillo y Bravo de Laguna, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, ha puesto de manifiesto una colisión territorial hasta ahora desconocida por la opinión pública en el sur de Gran Canaria.
Según consta en el informe emitido por la Dirección General de Industria, Servicio de Minas con fecha 7 de agosto de 2023, los terrenos elegidos para levantar la infraestructura energética se sitúan de manera superpuesta sobre el perímetro de un Permiso de Exploración de recursos geotérmicos de la Sección D, denominado "Lisa 164".
El análisis técnico aportado por el organismo minero detalla que, si bien la ubicación proyectada para la planta elude los derechos mineros tradicionales correspondientes a las secciones A, B y C regulados por la Ley de Minas de 1973, el trazado y emplazamiento coinciden plenamente con el interior de esta licencia de investigación geotérmica de alta profundidad.
No obstante, el departamento autonómico avaló la continuidad del expediente al constatar que el permiso geotérmico carece, por el momento, de una ubicación cartografiada o definida para un futuro sondeo profundo de investigación, un hito que requeriría un procedimiento específico de autorización administrativa y un trámite obligatorio de evaluación de impacto ambiental antes de materializarse en el terreno.
Esta interferencia administrativa destapa la presión y la saturación que soporta el suelo rústico en el sur de la isla, donde convergen de forma simultánea los expedientes masivos de penetración de energías renovables fotovoltaicas y las iniciativas de aprovechamiento del calor del subsuelo.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.498.459 euros y contempla una línea de evacuación subterránea de 1.907 metros de longitud, ha tenido que sortear un complejo camino burocrático marcado por informes sectoriales iniciales desfavorables en materia de patrimonio histórico, biodiversidad y seguridad viaria junto a la autovía GC-1, culminando con la concesión de su autorización administrativa y declaración de utilidad pública con efectos retroactivos desde el 19 de octubre de 2026.
