El primer aniversario de la implantación del impuesto turístico municipal en Mogán marca un punto de inflexión en la política fiscal aplicada al sector alojativo en Canarias. La iniciativa pionera promovida por el ayuntamiento grancanario, ideada para gravar el turismo masivo mediante una cuota de 0,15 euros por visitante y día, enfrenta un severo revés administrativo tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El fallo judicial anula de pleno derecho la ordenanza municipal al constatar que la figura tributaria incurre en una desnaturalización de la tasa y genera una desviación recaudatoria ajena al principio de equivalencia.
Durante su periodo de aplicación operativa, suspendido inicialmente por los recursos presentados por la patronal turística, el Ayuntamiento de Mogán logró ingresar más de 660.000 euros en sus arcas municipales. Las proyecciones elaboradas por la corporación local estimaban un rendimiento financiero anual cercano a los 1,4 millones de euros una vez regularizada la recaudación en la totalidad del parque alojativo del municipio. A pesar de la impugnación formalizada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), la alcaldesa de la localidad, Onalia Bueno, ha defendido la eficacia del gravamen al constatar la ausencia de impacto negativo sobre el volumen de llegada de viajeros.
El modelo fiscal impulsado desde el suroeste de Gran Canaria buscaba sentar un precedente para la implantación de un impuesto autonómico por parte del Gobierno de Canarias, argumentando la necesidad de financiar infraestructuras públicas, el ciclo integral del agua y la preservación de espacios naturales frente a una demanda anual de 18 millones de turistas en el archipiélago. El interés por articular mecanismos de fiscalidad local alternativa había calado en otras corporaciones municipales de las islas, entre las que figuran San Cristóbal de La Laguna, La Oliva y Puerto del Rosario, interesadas en estudiar la viabilidad de gravámenes equivalentes para sus respectivos mercados.
La resolución redactada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC desautoriza el diseño normativo municipal al concluir que el tributo funcionaba en la práctica como un instrumento de financiación general sin una imputación directa de costes de servicios claramente determinados. El pronunciamiento judicial frena las aspiraciones del grupo de gobierno municipal de incrementar la cuantía de la tasa diaria y deja en el aire la viabilidad técnica de la fiscalidad turística municipal en la región, supeditando cualquier avance futuro a un marco regulatorio de ámbito autonómico dotado de cobertura legal suficiente.
