La fiebre por la implantación masiva de energías renovables en el sur de Gran Canaria ha traspasado la mera tramitación administrativa para convertirse en un complejo tablero de litigios judiciales, donde los intereses de corporaciones extranjeras chocan frontalmente con el desarrollo de los macroproyectos energéticos. En el centro de este pulso destaca la sociedad sueca Brogården Invest AB —operando a través de su filial Energy Solutions by Scandinavians, S.L.—, que encabeza una batalla legal en los tribunales contencioso-administrativos para frenar la proliferación de instalaciones que afectan directamente a sus propiedades y derechos en suelo rústico del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
El conflicto pone de manifiesto las tensiones generadas por la denominada burbuja eólica y solar en el sur insular, un territorio sometido a una intensa presión territorial por parte de promotores energéticos que buscan aprovechar las condiciones óptimas de radiación y viento de la comarca. La estrategia jurídica desplegada por la firma escandinava cuestiona las autorizaciones administrativas y las declaraciones de utilidad pública otorgadas por el Gobierno de Canarias a expedientes de hibridación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, como el proyectado en el entorno de Juan Grande y los pagos colindantes.
La controversia no solo evidencia el choque entre capital extranjero de inversión patrimonial y los gigantes de la generación eléctrica en el archipiélago, sino que también ilustra el colapso administrativo y la judicialización sistemática a la que se enfrenta la transición energética insular. Mientras los promotores defienden la urgencia de descarbonizar el modelo económico balear y cumplir con los objetivos europeos de penetración de renovables, los propietarios afectados y colectivos críticos denuncian el impacto acumulativo sobre el territorio agrario, la fragmentación del suelo rústico y el uso de herramientas como la expropiación forzosa urgente para la implantación de polígonos de generación limpia.
Este escenario dibuja un panorama de alta litigiosidad en los tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, donde las resoluciones pendientes de los recursos ordinarios determinarán la viabilidad jurídica de numerosos proyectos que ya cuentan con autorizaciones previas. El desenlace de estos procedimientos marcará un precedente clave sobre los límites del suelo disponible y el encaje legal de las servidumbres energéticas en uno de los enclaves de mayor valor estratégico y turístico del archipiélago.
