La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias (PP) ha anunciado la aprobación de un nuevo decreto orientado a resolver el conflicto histórico de la unidad de explotación en la planta extrahotelera del archipiélago. La norma, cuya aprobación definitiva está prevista antes de los comicios locales y autonómicos de mayo de 2027, introduce modificaciones en el marco regulatorio para armonizar la coexistencia entre los propietarios particulares y las empresas explotadoras de los complejos de bungalows y apartamentos.
Para agilizar la aplicación del nuevo marco y facilitar la regularización de los inmuebles, la Consejería, informa Radio Sol, cuenta con la cooperación de las administraciones locales en la adaptación de las ordenanzas y planes de ordenación municipal. En este sentido, los municipios turísticos del sur de Gran Canaria, como San Bartolomé de Tirajana y próximamente Mogán, lideran la adecuación del planeamiento urbano al marco legal autonómico.
El decreto sustituye la denominación conceptual de unidad de explotación por la de unidad de operaciones. Bajo este nuevo epígrafe, la normativa unifica los criterios de contribución a la estructura presupuestaria del negocio. Los propietarios que mantengan sus inmuebles adscritos a la actividad turística deberán participar directamente en los costes operativos derivados del servicio, incluidos los gastos de personal de recepción, limpieza y restauración.
En cuanto al régimen de uso residencial, el texto contempla que aquellos particulares que utilicen su inmueble como vivienda habitual sólo deberán asumir los gastos comunes de la propiedad horizontal, siempre que acrediten haber consolidado dicho uso residencial con anterioridad a enero de 2017. En caso de que decidan incorporar el inmueble a la explotación turística del complejo, asumirán íntegramente los conceptos comunitarios y de servicio, una exigencia que la Consejería extiende asimismo a la modalidad de vivienda vacacional regulada tras la entrada en vigor del marco normativo del 13 de diciembre de 2025.
Reacciones institucionales y disculpas por los expedientes sancionadores
De León ha dicho que la problemática de los expedientes sancionadores tramitados al amparo de la legislación turística autonómica de 2013. De León pidió disculpas públicas a los propietarios de residencias y viviendas vacacionales afectados por los expedientes incoados durante la anterior legislatura, argumentando la imperiosa necesidad legal de tramitar dichos expedientes mientras se tramita la reforma del marco regulatorio para dotar de seguridad jurídica al sector y evitar tensiones de mercado.
El conflicto asociado a la unidad de explotación, introducido originariamente en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias de 1995 y reforzado con el principio de uso turístico exclusivo en 2013, ha afectado con especial intensidad a las islas de Gran Canaria y Fuerteventura por el elevado peso de su oferta extrahotelera. Los análisis del sector estiman una pérdida acumulada de 60.000 plazas turísticas en el archipiélago a causa de esta litigiosidad, de las cuales más de 20.000 corresponden al parque alojativo de Gran Canaria.
