El Ministerio Fiscal ha dictaminado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra DRG, un individuo con un abultado historial judicial a quien se acusa de urdir un engaño económico en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Las actuaciones judiciales recogen que el procesado, valiéndose de la promesa de conseguir un vehículo comercial por debajo de su precio de mercado, logró apoderarse de 3.500 euros pertenecientes a una vecina de la zona turística del sur grancanario.
Los hechos se remontan a abril de 2024. En ese periodo, DRG entabló conversaciones con la víctima, identificada en la causa como EPM, interesada en la adquisición de una furgoneta Renault Master. Guiado por el ánimo de lucro ilícito, el acusado convenció a la perjudicada de que disponía de un contacto dedicado a la venta de vehículos de ocasión. Bajo el pretexto de tramitar la operación a su propio nombre para beneficiarse de un descuento exclusivo de 1.000 euros, fijó el precio final del automóvil en 3.500 euros.
El relato del escrito de acusación detalla cómo la víctima realizó un primer desembolso en efectivo de 1.000 euros el 19 de abril de 2024. Durante los meses posteriores, la mujer continuó entregando diversas cantidades en metálico a requerimiento del procesado hasta completar la totalidad de la suma pactada. Una vez recibido el dinero, el vehículo nunca fue entregado a su compradora ni los fondos devueltos a pesar de los continuos requerimientos formulados.
La representación del Ministerio Público califica estos hechos de forma principal como un delito de estafa. De forma alternativa, el escrito procesal plantea la atribución de un delito de apropiación indebida. Ambas tipologías penales se ven agravadas de forma determinante por la circunstancia de multirreincidencia, al acumular el acusado un rosario de condenas firmes dictadas por distintos órganos judiciales de la isla entre los años 2017 y 2022.
El historial delictivo de DRG refleja fallos condenatorios previos emitidos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y por los Juzgados de lo Penal números 1, 2, 4, 5 y 6 de la capital grancanaria. Entre los antecedentes figuran penas privativas de libertad por delitos de estafa y apropiación indebida que oscilan entre los 6 meses y los 22 meses de prisión, algunas de ellas extinguidas y otras suspendidas condicionalmente.
En la tramitación de las diligencias previas, la acusación pública computa la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño. Esta consideración jurídica responde a que el imputado ha efectuado el ingreso de 3.000 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana con el fin de minorar el perjuicio económico causado.
A pesar de dicho consignamiento parcial, la Fiscalía solicita la imposición de una pena de 2 años y 10 meses de prisión para DRG en concepto de autor. El pedido punitivo se completa con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, el pago de las costas procesales y una pena de multa de 9 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros, sujeta a responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Respecto a la responsabilidad civil derivados de los hechos instruidos en San Bartolomé de Tirajana, el escrito fija una indemnización de 3.500 euros a favor de la perjudicada. Esta cuantía devengará los intereses legales pertinentes actualizados conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La vista oral fijada ante la Audiencia Provincial dirimirá la responsabilidad del imputado en un enclave donde el comercio entre particulares de vehículos de segunda mano exige extremar las precauciones ante el riesgo de fraudes reiterados.
