La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias avanza en la tramitación del borrador de reglamento para los establecimientos de alojamiento turístico al aire libre, un cuerpo normativo que define las distintas modalidades de acampada y fija los servicios mínimos exigidos a cada instalación. La propuesta ha generado debate técnico entre las administraciones locales y los colectivos del sector respecto al alcance de las competencias autonómicas, la regulación del uso del espacio privado por parte de los autocaravanistas y las condiciones impuestas a los campings rurales.
La norma deja claro que el mero estacionamiento de un vehículo convertible o vivienda en las vías públicas sigue estando regulado por la legislación general de tráfico y las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. Si el vehículo está correctamente estacionado (sin desplegar elementos externos que desborden el perímetro de la carrocería, como toldos, patas estabilizadoras o ventanas batientes), se considera un estacionamiento común.
Se regulan formalmente las áreas de pernocta específicas para estos vehículos, concebidas como puntos de tránsito y descanso temporal. En estas áreas se establece un tiempo máximo de estancia continuada de 72 horas para garantizar la rotación y evitar que se transformen en asentamientos permanentes o residenciales. Cuando se acampa dentro de áreas autorizadas o campings, las personas usuarias disponen del uso exclusivo del espacio o parcela asignada, pero la norma prohíbe explícitamente invadir las parcelas contiguas o viales con el vehículo o sus enseres. Las instalaciones que acojan este tipo de vehículos están obligadas a ofrecer servicios fijos para el abastecimiento de agua potable y, de forma prioritaria, puntos homologados para el vertido y gestión de aguas residuales (grises y negras).
Uno de los aspectos jurídicos centrales en las alegaciones formuladas al borrador radica en la delimitación del marco legal aplicable a las autocaravanas y vehículos habitables en áreas de acampada y pernocta. La propuesta normativa no modifica la regulación en materia de tráfico, circulación ni estacionamiento de vehículos a motor en las vías públicas. Las competencias en materia de parada, estacionamiento y ordenación de la circulación en vías urbanas e interurbanas corresponden a la legislación estatal de tráfico y a las ordenanzas municipales específicas, por lo que el borrador mantiene la distinción formal entre el estacionamiento en zonas habilitadas en carreteras o vías urbanas y la acampada en áreas acondicionadas para el turismo al aire libre.
El borrador de reglamento establece también las condiciones para el aprovechamiento de los espacios privados dentro de los campings y áreas de acampada de autocaravanas. Los usuarios de parcelas o zonas delimitadas dispondrán del uso exclusivo de la superficie adjudicada dentro del establecimiento, quedando prohibido invadir parcelas o espacios colindantes sin autorización explícita de la empresa gestora. Asimismo, para evitar que la pernocta temporal se convierta en una ocupación fija, el texto limita la estancia en las áreas de acampada de autocaravanas, sin que la permanencia prolongada exima a las personas usuarias del cumplimiento de las exigencias mínimas de equipamiento, servicios y condiciones de uso fijadas para cada modalidad.
En cuanto a la infraestructura común, el proyecto de decreto exige que los establecimientos cuenten con instalaciones fijas de agua potable, gestión y evacuación de aguas residuales, electricidad y accesibilidad. Además, la norma contempla la evaluación para la inclusión de servicios complementarios como recepción, áreas de restauración o instalaciones deportivas dentro de los recintos autorizados.
En relación con el medio natural, la propuesta reglamentaria restringe la implantación de acampadas en suelos de alta sensibilidad ambiental. El texto excluye de su ámbito de aplicación las acampadas en espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, así como aquellas acampadas que se realicen con fines científicos o de investigación. Estas modalidades quedan supeditadas a los instrumentos de gestión ambiental específicos de cada espacio protegido y a las autorizaciones del cabildo insular correspondiente, habiéndose descartado la petición de fijar una limitación máxima general de 6 meses para la estancia continuada en las áreas de acampada de autocaravanas.
