La Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá próximamente el juicio contra dos varones acusados de delitos relativos a la tenencia y distribución de material pedófilo tras una investigación desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Los hechos se remontan a julio de 2022, fecha en la que los agentes llevaron a cabo entradas y registros en domicilios situados en Gran Canaria, donde procedieron a la intervención de diversos equipos informáticos y soportes de almacenamiento digital.
El análisis forense de los dispositivos requisados en el domicilio del primer procesado permitió a los investigadores localizar 306 archivos fotográficos con contenido de pornografía infantil, historiales de navegación con búsquedas de términos pedófilos y un archivo en proceso de descarga. En el examen del sistema operativo, la Policía Nacional identificó en la versión para ordenador Telegram Desktop —concretamente en la carpeta de descargas del directorio del programa— evidencias y rastros de archivos guardados cuyos títulos contenían acrónimos utilizados por consumidores de este tipo de contenidos entre los años 2020 y 2022. Entre el material recuperado constaban representaciones de menores de muy corta edad sometidos a graves agresiones físicas y abusos.
En la vivienda del segundo implicado, los peritos informáticos del laboratorio forense hallaron más de un centenar de vídeos con contenido pedófilo, incluyendo archivos de extrema crudeza con agresiones a menores que se encontraban drogadas. En este dispositivo permanecía activa la aplicación eMule con más de 500 descargas pendientes con terminología pedófila. El escrito del Ministerio Fiscal señala que el funcionamiento de esta red de intercambio entre pares (P2P) implicaba la transferencia simultánea de los archivos a otros usuarios, circunstancia que fundamenta la acusación por distribución.
Ante la gravedad de las pruebas periciales recabadas, la Fiscalía califica los hechos como un delito de producción, distribución y tenencia de material pornográfico infantil con carácter especialmente vejatorio. El escrito de acusación solicita para cada uno de los imputados una pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores durante un periodo de 20 años, la medida de libertad vigilada posterior durante 7 años y el decomiso definitivo de todos los equipos informáticos para su adscripción a la Brigada Provincial de Policía Científica.
