La huelga general convocada para el 11 de noviembre afronta una quiebra profunda en el sector servicios y de transportes del sur de Gran Canaria tras el rechazo explícito de las principales organizaciones sectoriales. La Unión Sindical Obrera (USO), tercera fuerza sindical del Estado con una afiliación superior a los 150.000 trabajadores y más de 13.000 delegados, ha anunciado que no secundará el paro en los enclaves turísticos de la comarca. La dirección del sindicato argumenta que la movilización, planteada a escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, corre el riesgo de ser interpretada como una campaña electoral partidista, desvirtuando el verdadero significado de la huelga como herramienta de presión sociolaboral.
En la misma línea de oposición se sitúa Valorian, la central mayoritaria en el ámbito de las agencias de viajes que operan en los centros turísticos sureños, que ya advirtió sobre el coste económico perjudicial que la huelga general acarreará para la actividad turística y la aviación. Ambas organizaciones coinciden en señalar la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo que sufre el personal de hostelería y servicios, pero difieren frontalmente en el calendario y las formas de presión, aplazando cualquier movilización mayoritaria a los resultados que deparen las urnas y a las futuras actuaciones del ejecutivo que resulte elegido en los comicios generales.
El escenario cambia de forma radical en el sur de la isla, donde el bloque sindical autonómico, encabezado por Intersindical Canaria y la Federación Sindical Canaria, ha respondido con un llamamiento unánime a la huelga general de los trabajadores en los municipios turísticos. Las organizaciones nacionalistas justifican la movilización debido a la extrema degradación de los indicadores socioeconómicos locales, que sitúan a la clase trabajadora de la comarca sur en una posición de clara vulnerabilidad estructural frente al resto del territorio estatal.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al segundo trimestre de 2026 reflejan que Canarias encabeza las estadísticas negativas de retribuciones laborales, registrando los salarios medios más bajos de todo el Estado con una brecha de 500 euros mensuales por debajo de la media nacional, a pesar de que la economía insular mantiene un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,85%, superior al 2,7% de la media estatal.
A esta asfixia salarial se suma una crisis habitacional insostenible en los enclaves turísticos del sur provocada por la turistificación masiva y la especulación inmobiliaria descontrolada. Las centrales sindicales denuncian que el mercado residencial en el archipiélago soporta una oferta de 72.240 viviendas vacacionales frente a las escasas 17.890 unidades destinadas al alquiler residencial estable, una desproporción que expulsa a los residentes locales de sus barrios y encarece el coste de la vida por encima de la capacidad adquisitiva de la población.
Las reivindicaciones en el sur de Gran Canaria combinan la exigencia de una intervención pública drástica en el mercado de la vivienda para prohibir los desahucios de familias vulnerables con la demanda de un incremento salarial inmediato que compense la carestía de la cesta de la compra. Asimismo, el manifiesto sindical reclama la protección de los servicios públicos esenciales frente a los recortes y la privatización, exigiendo un cambio de rumbo en un modelo económico que, según las organizaciones convocantes, enriquece a los operadores turísticos externos mientras condena a la mayoría social a la precariedad habitacional y laboral.
