El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia de gran relevancia urbanística en relación con un recurso de apelación interpuesto frente a la adopción previa de medidas cautelares sobre una finca situada en el sector de El Hornillo, en el sur de Gran Canaria. El litigio enfrenta a una junta de compensación sectorial frente a un ayuntamiento insular y a particulares afectados por la ordenación territorial de la zona, un enclave estratégico donde las disputas sobre el planeamiento y la ejecución de unidades de actuación generan fricciones jurídicas constantes en el archipiélago.
La resolución judicial aborda el fondo procesal del recurso centrándose en una vulneración de garantías fundamentales durante la tramitación inicial del caso en la instancia inferior. El tribunal constata que se adoptó una medida cautelar —concreta y de anotación preventiva sobre un bien inmueble— sin haber dado cumplimiento al trámite preceptivo de audiencia a una de las entidades codemandadas que ya se encontraba debidamente personada en el procedimiento principal.
Los magistrados recuerdan que la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y la doctrina constitucional exigen una contradicción efectiva antes de acordar medidas que restrinjan derechos, impidiendo que la defensa de la administración demandada sustituya la voz procesal de los restantes interesados.
En consecuencia, la sala estima el recurso de apelación planteado, anula el auto recurrido y ordena la retroacción de las actuaciones procesales al momento exacto en que debió conferirse traslado de la solicitud cautelar. De este modo, el órgano de instancia deberá tramitar de nuevo el incidente asegurando la audiencia y el derecho de defensa de todas las partes personadas antes de emitir un nuevo pronunciamiento sobre la medida solicitada, todo ello sin que el fallo actual entre a valorar los elementos materiales de fondo del conflicto urbanístico.
