El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado luz verde definitiva a la ordenación pormenorizada de Las Cuatro Matas, una pieza de suelo rústico promovida por la Asociación Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo Los Azules y Zonas Aledañas que regulariza la situación de treinta y siete viviendas consolidadas. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana categoriza este enclave como Suelo Rústico de Asentamiento Rural, desbloqueando el encaje jurídico de un núcleo cuya densidad real actual alcanza las 20,60 viviendas por hectárea —superando ligeramente el límite transitorio insular de 20— y que apenas deja margen de expansión futura para tres nuevas edificaciones residenciales en una superficie de crecimiento de 550 metros cuadrados.
La arquitectura normativa del nuevo asentamiento encierra peculiaridades técnicas que condicionan severamente la propiedad privada en esta franja del interior surgrancanario. El aspecto más insólito reside en la sumisión absoluta del ámbito a las servidumbres aeronáuticas radioeléctricas TACAN de la Base Aérea de Gando, ubicada a decenas de kilómetros hacia el norte. Esta afectación militar implica que levantar una vivienda, instalar una antena, plantar árboles de porte o desplegar una simple grúa de obra requiere el informe favorable y vinculante del Ministerio de Defensa; operar sin el visto bueno castrense conlleva la nulidad radical e inmediata de la actuación edificatoria.
A la tutela militar se suma una doble servidumbre energética que atraviesa el núcleo rural. El trazado de Las Cuatro Matas coincide directamente con el corredor de transporte de energía eléctrica previsto para el tramo Maspalomas-Santa Águeda y con las infraestructuras vinculadas al aprovechamiento hidroeléctrico reversible de las presas de Chira-Soria y Cueva de las Niñas, obligando a recabar informes sectoriales previos de la Consejería de Energía para cualquier proyecto que roce los bienes de dominio público. Esta superposición de intereses estratégicos convierte a un modesto caserío agrícola de apenas sesenta y cinco vecinos en un nodo sometido a fiscalización estatal y autonómica.
En el plano estricto del diseño arquitectónico, la normativa municipal impone un código estético orientado a erradicar los hábitos constructivos propios de las zonas de autoconstrucción o de expansión suburbana. El planeamiento prohíbe de manera expresa las edificaciones pareadas, las viviendas en hilera, las fachadas medianeras y la popular tipología canaria de "salón y vivienda", exigiendo que toda nueva construcción sobre la parcela mínima de 500 metros cuadrados sea estrictamente aislada. Los inmuebles no podrán superar las dos plantas o siete metros de altura sobre rasante, ni rebasar una ocupación del treinta por ciento del solar, obligando a mantener un retranqueo mínimo de tres metros respecto a todos los linderos y de cinco metros al eje de los caminos.
Las exigencias descienden hasta detalles de mobiliario urbano y gestión doméstica poco habituales en las ordenanzas rurales. Los contenedores de reciclaje de residuos deberán quedar ocultos dentro de recintos cerrados con muros de una altura máxima de metro y medio, revestidos obligatoriamente en piedra o madera para mitigar el impacto visual. En paralelo, el diagnóstico de infraestructuras revela un contraste notable en los servicios básicos del núcleo: mientras el suministro de agua potable goza de caudal suficiente y buena calidad para cubrir un consumo diario de hasta 83 metros cúbicos, el alumbrado público arrastra una calificación deficiente y el asentamiento carece por completo de red de saneamiento, lo que fuerza la prohibición tajante de los pozos negros y obliga a cada propietario a instalar depuradoras o fosas sépticas estancas.
El mecanismo de gestión urbanística reserva además una unidad de actuación específica de 1.994 metros cuadrados sobre una única finca catastral para obtener 450 metros cuadrados destinados a futuras dotaciones públicas y 250 metros cuadrados de aprovechamiento residencial mediante el sistema de cooperación. Respecto al negocio alojativo, el texto cierra la puerta a la expansión especulativa en suelo rústico al limitar el uso turístico exclusivamente a las edificaciones ya existentes, autorizando únicamente ampliaciones mínimas cuando resulten indispensables para cumplir los estándares legales de habitabilidad. Con la estimación de las alegaciones presentadas por dos propietarios particulares y la remisión del expediente al Consejo Cartográfico de Canarias, el consistorio cierra una larga tramitación administrativa que blinda la supervivencia de las casas actuales a cambio de someter el territorio a una estricta disciplina paisajística, energética y militar.
