El Ministerio Público ha asestado un severo varapalo a la acusación en el conflicto mercantil y societario que salpica a la gestión del restaurante La Cofradía de Pescadores de Castillo del Romeral, en la costa de San Bartolomé de Tirajana. En el escrito evacuado ante el Juzgado de Instrucción Número 3, al que ha tenido acceso Maspalomas24H, dentro del procedimiento abreviado, la Fiscalía concluye formalmente que los hechos investigados no constituyen delito alguno e insta a la celebración del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal con una única petición: la absolución libre e inmediata del encausado, J.B.S.G.
El choque legal se remonta al contrato privado suscrito el 3 de julio de 2019, mediante el cual el acusado acordó asociarse a partes iguales con J.F.H.M. para la apertura y explotación comercial del conocido enclave gastronómico de la localidad pesquera. La denuncia que dio origen a la causa penal imputaba al procesado un presunto delito continuado de estafa y apropiación indebida, acusándole de desviar personal pagado por el restaurante conjunto hacia otro establecimiento de su propiedad exclusiva, así como de embolsarse para su patrimonio personal 24.000 euros procedentes de los incentivos de comercialización firmados con las marcas distribuidoras Ahembo (14.000 euros) y Estrella Damm (10.000 euros).
La exhaustiva evaluación del Fiscal invalida por completo el relato incriminatorio al determinar que no ha quedado acreditado el menor ánimo de lucro ilícito ni la existencia de maniobras defraudatorias en las relaciones contractuales con las firmas de bebidas o en la organización de la plantilla. Al calificar la conducta como atípica desde el punto de vista penal, el escrito del órgano gubernativo huelga cualquier mención a la responsabilidad criminal o a circunstancias modificativas, solicitando de forma tajante al tribunal que se dicte una sentencia absolviendo de todo cargo al empresario hostelero.
El pronunciamiento deja al descubierto la endeblez de utilizar la vía del procedimiento abreviado penal para encauzar discrepancias puramente civiles o contables entre socios en el sector de la restauración del sur grancanario. Sin el respaldo de la acusación pública, la pretensión querellante llega a la antesala del juicio oral desprovista de armazón punitivo, relegando las diferencias por la liquidación de la explotación del local al estricto margen de la jurisdicción civil.















