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MASPALOMASEl Gobierno regional revisa las expropiaciones del PP en la línea de alta tensión Santa Águeda-El Tablero de Maspalomas

El Gobierno regional revisa las expropiaciones del PP en la línea de alta tensión Santa Águeda-El Tablero de Maspalomas

YURENA VEGA - M24H Martes, 17 de Noviembre de 2026

 

La pugna administrativa y patrimonial en torno a las grandes infraestructuras energéticas del sur de Gran Canaria llega a la mesa del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo autonómico -Energía es cosa del PP-- ha tramitado dos proyectos de decreto —señalados con los números 31 y 32— para resolver, en piezas separadas, las solicitudes de suspensión cautelar interpuestas en sendos recursos de reposición contra el Decreto 143/2026, de 4 de septiembre. Dicha norma, publicada el pasado 10 de septiembre en el Boletín Oficial de Canarias a instancias de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, acordó la ejecución de la línea aérea y subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV (simple circuito) Santa Águeda-El Tablero 2, un expediente promovido por la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U. (AT23-015) que incluye la preceptiva modificación del planeamiento afectado.

Los recursos que motivan esta revisión cautelar provienen de dos frentes directos afectados por el trazado de expropiaciones y servidumbres: por un lado, el formulado por don Miguel Cristóbal Dámaso Ventura y doña Asunción Hernández Artiles (titulares, entre otros, de la parcela 186 del polígono 18 de San Bartolomé de Tirajana, afectada por servidumbres de vuelo, apoyos y talas); por otro, el presentado por don Pedro Fernando del Castillo Bravo de Laguna y Otros, representantes de una de las familias terratenientes e inmobiliarias históricas con mayor peso patrimonial en los suelos rústicos e improductivos del sur insular.

La infraestructura proyectada por Red Eléctrica cruza una franja territorial de altísima sensibilidad geoestratégica, discurriendo entre instalaciones industriales neurálgicas, barrancos, suelo rústico y viales de dominio público hasta conectar el nudo de Santa Águeda con El Tablero. Los datos técnicos incorporados a los expedientes expropiatorios detallan la magnitud de las afecciones en los tramos aéreos y subterráneos:

Afección inicial y terrenos rústicos: El trazado arranca en la subestación de Santa Águeda (Parc. 1, propiedad de la propia compañía eléctrica) y serpentea por los polígonos 17 y 18 del municipio tirajanero, gravando fincas rústicas de pastos e improductivos pertenecientes a sociedades como Grupo Inmobiliario Tinojai, Elmasa Patrimonial, Invercasti Alfa o Propiedades Mejoradas, además de numerosos cotitulares y comunidades hereditarias.

Impactos ambientales y barrancos: Las servidumbres de vuelo y la ubicación de los apoyos (desde T_1 hasta T_17) interceptan cauces de dominio público hidráulico gestionados por el Cabildo Insular de Gran Canaria, tales como la Cañada del Corral Blanco, la Cañada del Galeón y el Barranquillo del Tosquial de los Gatos, así como cruces complejos sobre la autovía GC-1.

El tramo subterráneo y urbano: En su aproximación final hacia el tejido urbano e industrial, el trazado adopta la modalidad soterrada a través de las calles de San Bartolomé de Tirajana (incluyendo tramos en la calle Mar de Azor, Agustín Millares Carlo, Avenida Francisco Vega Monroy, Calle Chile y Calle Cartago), afectando a parcelas de titularidad municipal, viales de servicio y suelo urbano consolidado donde se ubican las arqueas de telecomunicaciones y cámaras de empalme (ATD_03 hasta ATD_14).

La interposición de recursos de reposición con solicitud de suspensión cautelar —firmada en su día por la Dirección General de Energía bajo la batuta técnica de Alberto Hernández Suárez— pone de manifiesto la resistencia de los propietarios particulares frente a la declaración de utilidad pública y la imposición coactiva de servidumbres de paso, ocupaciones temporales y talas de arbolado en regadío y pastizal.

Mientras el Ejecutivo regional resuelve las piezas separadas sobre la suspensión cautelar del Decreto 143/2026, el procedimiento deja al descubierto los frictionados mecanismos de expropiación que acompañan a la expansión de las redes de transporte eléctrico en el archipiélago, donde la urgencia de descarbonización y mallado de la red colisiona frontalmente con los intereses patrimoniales de los grandes propietarios de suelo en el sur de Gran Canaria.

 

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