El Tribunal Supremo ha abierto este otoño la puerta a fijar doctrina sobre los límites de la Agencia Tributaria en las operaciones de reestructuración societaria en el archipiélago. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto por el que admite a trámite el recurso de casación interpuesto por la mercantil Aguas de Tirajana contra la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2025 por la Audiencia Nacional.
El litigio enfrenta a la compañía con las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010, dimanantes de una fusión por absorción que los inspectores de Hacienda castigaron al apreciar un supuesto de fraude fiscal y ausencia de motivos económicos válidos. El origen del conflicto se remonta al 3 de noviembre de 2009, fecha en la que las Juntas Generales aprobaron la absorción de las sociedades Aquatauro y Aguas La Solana de San Roque por parte de Aguas de Tirajana, aplicando el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de canje y cambio de domicilio (FEAC) regulado en el texto refundido entonces vigente.
A finales de 2013, la Inspección de la AEAT en Canarias inició una investigación general que concluyó con un acta de disconformidad y un acuerdo de liquidación de casi 300.000 euros en cuotas e intereses. Hacienda denegó el régimen especial al entender que la operación buscaba una ventaja fiscal artificial, lo que se tradujo en la eliminación de la compensación de bases imponibles negativas procedentes de las absorbidas —que habían minorado la base de la absorbente en 2009 y 2010— y en la regularización de los beneficios fiscales vinculados a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) generados por Aquatauro.
Tras agotar la vía administrativa ante el TEAR de Canarias y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso-administrativo, validando el criterio de los inspectores y negando cualquier modulación o aplicación parcial del régimen fiscal. El alto tribunal considera ahora que el recurso presenta un indudable interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
El debate jurídico se centra en dilucidar si en la cláusula antiabuso del artículo 96.2 del antiguo Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) está implícito un principio de proporcionalidad que obligue a la Administración a limitar su regularización estrictamente a la ventaja fiscal obtenida de forma indebida, sin desbaratar las obligaciones de mantenimiento de activos preexistentes —como las inversiones asociadas a la RIC— cuando estas no supongan un beneficio a la carta para la entidad absorbente.
El pronunciamiento del Supremo servirá para matizar y completar su propia doctrina sobre la inaplicación parcial del régimen FEAC, dotando de seguridad jurídica a un sector estratégico sometido a tensiones constantes entre la planificación empresarial y el rigor fiscal.
















