El partido judicial de San Bartolomé de Tirajana experimentará un relevante despliegue de medios personales tanto en su estructura de auxilio judicial como en el Ministerio Fiscal. La Consejería de Justicia ha hecho pública la relación de plazas desiertas en el ámbito territorial de Canarias que se ofrecerán a los aspirantes que han superado el proceso selectivo de ingreso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Auxilio Judicial, convocado mediante la Orden PJC/64/2024, de 25 de enero.
Esta asignación de personal para los juzgados del municipio sureño contempla la cobertura de once puestos integrados en el Servicio Común General. Entre ellos figuran diez plazas genéricas correspondientes a los códigos numéricos comprendidos entre el 397045 y el 50397055, a las que se suma una plaza específica identificada con el número 50397057 y adscrita de forma especializada al Servicio Común General de Violencia sobre la Mujer (VSM).
Este refuerzo administrativo se acompasa con la reordenación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal derivada del Real Decreto de modernización de la planta judicial para 2027. Dicha planificación contempla la creación de una nueva plaza de segunda categoría en la Sección Territorial de San Bartolomé de Tirajana, consolidando un equipo fiscal compuesto por siete fiscales, dos puestos de apoyo y tres abogados fiscales, cuya entrada en funcionamiento se sincronizará con el despliegue del primer bloque de nuevos órganos judiciales.
En la provincia de Las Palmas se concentran seis de estas nuevas plazas, de las cuales cuatro se adscriben directamente a la Fiscalía Provincial, mientras que las dos restantes refuerzan las secciones territoriales periféricas con una dotación cada una en Arrecife-Puerto del Rosario y en San Bartolomé de Tirajana. Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife absorbe las otros seis puestos creados, integrando cinco fiscales en su Fiscalía Provincial, uno en la Sección Territorial de La Palma y otro más en la de Arona, consolidando así el despliegue territorial en las islas.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado la reordenación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal vinculada al despliegue del Real Decreto 996/2026. Esta norma, concebida para adecuar la planta judicial y desplegar quinientas nuevas unidades en el conjunto del Estado con vistas al ejercicio 2027, contempla una inyección de doscientas nuevas plazas de segunda categoría en la Carrera Fiscal para absorber el incremento de litigiosidad y la puesta en marcha de órganos especializados.
En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ampliación se traduce en la creación de un total de doce plazas de segunda categoría distribuidas estratégicamente entre ambas provincias. La dotación en la provincia de Las Palmas asciende a seis nuevos puestos, de los cuales cuatro se adscriben directamente a la Fiscalía Provincial, uno a la Sección Territorial de Arrecife-Puerto del Rosario y uno específicamente a la Sección Territorial de San Bartolomé de Tirajana.
La asignación de este nuevo efectivo refuerza la dotación de la sede judicial del sur grancanario, cuya plantilla orgánica se consolida con un total de siete fiscales, dos plazas de apoyo y tres abogados fiscales, acomodando los medios humanos a la presión de los juzgados del partido judicial y garantizando una respuesta penal más ágil y eficaz en una de las comarcas con mayor carga operativa y turística de las islas. La fecha efectiva para el inicio de actividad de estas plazas operará de forma sincronizada con el primer bloque de la nueva planta judicial el 31 de diciembre de 2027.
El despliegue del Real Decreto de reordenación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, vinculado a la modernización de la planta judicial para 2027, extiende su impacto por todo el archipiélago canario mediante la creación de un total de doce nuevas plazas de segunda categoría distribuidas estratégicamente entre ambas provincias. Este refuerzo persigue equilibrar la carga de trabajo en aquellas sedes con mayor presión litigiosa y adecuar los medios humanos a la entrada en funcionamiento del nuevo bloque judicial prevista para el 31 de diciembre de 2027.
















