El Ejecutivo autónomo ha dado luz verde a una partida presupuestaria de un millón de euros en subvenciones publicadas en el BOC esta semana dirigida de forma directa al sector privado con el propósito de sufragar la adquisición e instalación de camas elevadoras y carros motorizados en los establecimientos alojativos de las islas. Esta inyección económica materializa una de las reivindicaciones históricas más demandadas por las camareras de piso, un colectivo castigado de manera crónica por una alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas derivadas de la penosidad y el esfuerzo físico extremo inherentes a su labor diaria en hoteles y complejos turísticos.
La habilitación de estos fondos públicos se acompasa con la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Turismo aprobada por el Parlamento regional, un cambio normativo que establece la obligatoriedad de incorporar de forma progresiva tanto camas elevables mecánicas como carros motorizados para el traslado de textiles y útiles de limpieza. Para amortiguar el impacto financiero que esta reconversión tecnológica y de mobiliario supone para las empresas del sector, la partida inicial de un millón de euros se canalizará a través de líneas de subvenciones articuladas conjuntamente por el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares.
El marco legislativo establece un calendario de implantación flexible y escalonado que se adapta a las características y tipologías de cada establecimiento turístico. En el caso de los hoteles de mayor categoría, situados en los segmentos de cuatro y cinco estrellas, la normativa fija que el porcentaje de implantación obligatoria de las nuevas camas elevadoras y elementos ergonómicos alcance el 25% antes de concluir 2027, el 45% al finalizar 2029, el 75% al término de 2031 y el 100% de la flota antes del 31 de diciembre de 2033.
Para el resto de la oferta alojativa, que abarca a establecimientos hoteleros de menor categoría, complejos extrahoteleros y viviendas de uso turístico que comercialicen cinco o más inmuebles o agrupen al menos veinte plazas en una misma parcela, los plazos prevén metas más graduales: un 10% hasta 2027, un 20% hasta 2029, un 35% hasta 2031 y la cobertura total del parque antes de que finalice 2033. La norma contempla, no obstante, exenciones específicas y adaptadas para aquellas camas supletorias o alojamientos de dimensiones reducidas —con un máximo de treinta habitaciones— emplazados en Bienes de Interés Cultural (BIC) o en enclaves naturales bajo figuras de protección ambiental.
Más allá de la modernización del mobiliario y la maquinaria de transporte interior, la modificación legal introduce exigencias adicionales de carácter preventivo y organizativo para el sector empresarial. Las compañías turísticas quedan obligadas a integrar de manera transversal los factores ergonómicos y psicosociales en sus evaluaciones de riesgos laborales, ponderando de forma científica el incremento de la carga física que comportan tendencias operativas recientes, como el manejo de elementos de gran volumen y peso, entre ellos los edredones nórdicos.
Asimismo, la normativa impone a los explotadores la obligación de efectuar mediciones técnicas y objetivas sobre los tiempos reales que las trabajadoras emplean en la limpieza de las distintas tipologías de habitaciones, una medida orientada a erradicar los ritmos de trabajo abusivos y los sobreesfuerzos derivados de una alta rotación o una deficiente dotación de personal. El incumplimiento sistemático de los plazos fijados para la instalación de los equipos o la vulneración reiterada de estas condiciones preventivas quedará tipificado bajo el régimen sancionador como una infracción de carácter muy grave. Con este despliegue de recursos y obligaciones, el archipiélago busca equilibrar la competitividad de su planta turística con la salvaguarda de la salud laboral.
















