La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra AD, varón mayor de edad y de nacionalidad senegalesa en situación administrativa irregular, acusado de patronear una embarcación precaria con 21 ocupantes a bordo desde las costas africanas hasta aguas del archipiélago canario. El escrito de conclusiones provisionales, elevado al Plaza Nº 2 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) de San Bartolomé de Tirajana en el marco del procedimiento abreviado 343/2026, tipifica los hechos como un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tipificado en los artículos 318 bis 1 y 318 bis 3º b) del Código Penal.
La interceptación se produjo el 25 de febrero de 2026 al sur de Gran Canaria por parte de la guardamar Urania de Salvamento Marítimo, tras detectar una lancha neumática que había partido desde las costas de Dakhla (Sáhara). En el momento del auxilio, los 21 ocupantes —de origen subsahariano y magrebí— sumaban al menos dos jornadas completas de navegación en alta mar. Según el relato acusatorio, el encausado ejercía las labores de gobierno y pilotaje de la barca junto a un segundo individuo, sobre el cual pesa una orden judicial de búsqueda y captura.
El Ministerio Público fundamenta la gravedad del tipo penal en las condiciones críticas de navegación en las que se desarrolló la travesía. La nave utilizada —una estructura de goma de entre 8 y 10 metros de eslora propulsada por un único motor Yamaha de 25 caballos— carecía de mecanismos de seguridad elementales como chalecos salvavidas, luces de posición, sistemas de radiocomunicación o medios de sujeción para los viajeros, sumado a un aprovisionamiento deficiente e insalubre de víveres y agua que comprometió de manera directa la vida y la integridad física de los integrantes de la expedición.
El fiscal atribuye a AD la autoría plena en los hechos sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, solicitando la imposición de una pena de ocho años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y el abono de las costas procesales. El acusado permanece en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 4 de marzo de 2026, tiempo que le será computado en la liquidación de condena en caso de sentencia condenatoria.
















