Si la concejal de CC, Francisca Quintana, que en octubre de 2021 optó por no irse con el resto del grupo municipal a la oposición tras romper con el PSOE, batalla internamente en las filas naconalistas, podría mantener su acta como representante de CC aunque haya roto la disciplina de partido. La salida de CC del grupo de gobierno fue en octubre y han pasado ya mucho más tiempo que los estatutos de CC recogen para tomar medidas: siete días. Lo que ha hecho Quintana, de momento, es un "supuesto de falta estatutaria", indicó a Maspalomas24H una fuente de la dirección nacional de CC. Legalmente, sigue siendo concejal de CC a todos los efectos e incluso puede denunciar no estar siendo convocada a reuniones del partido. Por tanto, la coalición de gobierno local está formada por: PSOE, NC, Cs y CC. Quintana ha denunciado en Cope Gran Canaria que ha sufrido presunto acoso moral por parte de la dirección local nacionalista y solamente con el respaldo del PSOE.
Y es que la normativa interna del partido de Alejandro Marichal, que tiene su sede en Tenerife, señala que "en el supuesto de conflicto entre órganos insulares y locales de una misma isla, cualquiera de los órganos que se consideren competentes sobre determinado asunto lo pondrá en conocimiento de la comisión ejecutiva nacional en el plazo de 7 días siguientes a aquel en el que se originó el conflicto para su traslado inmediato al comité de resolución de conflictos". Y ese comité es solamente un órgano consultivo, no ejecutivo de CC. "De momento, de entrada, los plazos han saltado por los aires y hay una clara indefensión de la afiliada", dijo a Maspalomas24H un abogado administrativista este miércoles. "Otra cosa es que quiera abandonar el partido, pero ante sus electores ella es de CC", dijo la misma fuente. Ese expediente en trámite podría alargarse si se recurre ante los juzgados hasta 2023 evitando así que sea considerada como tránsfuga. Desde 2019 en Canarias hay un caso de Cs en Tenerife donde la concejal afectada recuperó la afiliación en los tribunales.
Una de las claves de que no se haya adoptado una decisión se debe a que la dirección insular de CC no ha dado la oportunidad a Quintana de expresarse en persona. Incluso si fuese expulsada podría regresar a CC "transcurridos dos años desde su expulsión o baja". Si hay resolución de expulsión se agotaría la vía interna, "convirtiendo dicha expulsión en definitiva, pudiendo interponer los interesados las acciones que consideren convenientes ante la jurisdicción civil ordinaria", dicen los estatutos. En octubre de 2021 dijo que "las formas han fallado", dijo en Cope Gran Canaria.
El Comité de Resolución de Conflictos es el órgano encargado de dirimir las controversias, tanto individuales como territoriales, que puedan producirse en el seno de Coalición Canaria, así como de la tramitación de los procesos disciplinarios. Está compuesto por 10 miembros, 3 propuestos por el Consejo Político Nacional, que a su vez ratificará a los 7 restantes, propuestos por cada uno de los Consejos Políticos Insulares, eligiéndose por y de entre los mismos una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. Los estatutos de CC señalan que se "instruirá y propondrá, con todas las garantías procesales, a la Comisión Ejecutiva Nacional propuestas de resoluciones sobre procedimientos disciplinarios internos. La ejecutiva de CC es el órgano competente para resolver estos procedimientos, cuyas resoluciones serán recurribles ante el Consejo Político Nacional".
